La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se declaró lista para asesorar y proteger a los mexicanos ante los cambios que se avecinan el próximo año en los actos de fiscalización, pues calcula que estos se incrementarán hasta en 30%.
El titular en funciones de la Prodecon, Luis Alberto Placencia Alarcón, recordó que son tres los nuevos procedimientos que la autoridad implementará. El primero es la cláusula general antielusiva, regulada en el artículo 5A, que establece que la autoridad determinará si un acto, jurídico o no, carece de razón de negocios.
Argumentó que el segundo procedimiento es por la cancelación de los sellos digitales, medida que consideró "muy dura", debido a que para 2020 se incrementarán de cuatro a 10 las supuestas causas por las cuales podrán ser cancelados los sellos.
Explicó que lo que dice la ley es que la autoridad podrá cancelar el sello, pero dará oportunidad al contribuyente de operar, siempre y cuando acuda al procedimiento aclaratorio, y si la autoridad considera que no desvirtúa las irregularidades o las causas, procederá a la cancelación.
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Placencia señaló que por esta razón, "al incrementarse más supuestos de cancelación, ésto obligará a los pagadores de impuestos a que requieran la ayuda de la Procuraduría".
Dijo que también entrará en vigor una nueva figura jurídica, para junio del 2020, que se refiere a que los contribuyentes residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente en el país, están obligados a retener y entregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios o enajenación de bienes a través de las plataformas digitales.
Respecto a las simulaciones de operaciones con comprobantes fiscales, indicó que en la modificación del artículo 69 solo fueron adicionadas y endurecidas algunas cláusulas con sanciones penales, mediante las cuales la autoridad podrá no sólo fiscalizar con procedimientos administrativos, sino también penales.
"Si considera (la autoridad) que el contribuyente incurre en conductas de traficar comprobantes que amparan operaciones inexistentes, se podrá acudir a la materia penal".
Asimismo, aclaró que en el caso penal la Prodecon no tiene competencia, lo que sí puede hacer a través de una figura jurídica es representar al contribuyente, en caso de que "el juez lo requiera", pero aclaró que el testimonio de Prodecon "no será vinculatorio".
Aseguró que de manera directa no podrán apoyar a los contribuyentes en materia penal, pero sí a través de la figura jurídica conocida como "El amigo de la corte".
Añadió que aún cuando no pueden intervenir jurídicamente, sí estarán muy atentos a que haya un buen modelo de la autoridad tributaria, es decir, que la autoridad no incurra en prácticas lesivas.
Incluso se comprometió a que ante las posibles cancelaciones de sellos, la Procuraduría resuelva en máximo 15 días hábiles las peticiones.
Finalmente, dijo que prevé que en comparación al ejercicio fiscal 2018, la Procuraduría cerrará con 3.0 por ciento más en prestaciones de servicios a los pagadores de impuestos, hasta alcanzar los 190 mil servicios este año, e incluso a un millón de servicios en su historia.
