La auditoría reveló que fueron más de 7,000 los que tributaron y no 43,000 registrados en el reporte trimestral
Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diseño de la política de ingresos tributarios que tiene la autoridad fiscal para los grandes contribuyentes presentó debilidades en el 2018.
En la Tercera Entrega de la Cuenta Pública del 2018, la ASF identificó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no reportó 56.4 millones de pesos de personas físicas clasificadas como grandes contribuyentes, por lo que la Auditoría consideró que se debe analizar una propuesta para modificar la definición de los grandes contribuyentes.
La ASF indicó que en ese año los ingresos que recaudó el SAT a través de los grandes contribuyentes sumaron 1.3 billones de pesos, esto es 45.3% del total recaudado por el fisco.
La ASF determinó que los ingresos tributarios reportados en el cuarto Informe Tributario y de Gestión del 2018 del fisco recaen en 7,345 de los denominados grandes contribuyentes que son personas morales, contrario a los 43,083 que se reportaron en dicho informe.
“El diseño de la política de ingresos tributarios de los grandes contribuyentes presentó debilidades, ya que, si bien en el 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT contaron con atribuciones para atender el problema público de la baja recaudación y la insuficiencia de recursos para financiar el gasto público, no contaron con ninguna atribución en los reglamentos interiores o manuales de organización para definir acciones en materia de elusión fiscal”, aseveró la auditoría.
En los últimos días, se han dado a conocer medidas que ha tomado el SAT, ahora a cargo de Raquel Buenrostro, contra grandes contribuyentes como Alsea, América Móvil, Walmart y Maxcom, ello tras la revisión de ejercicios fiscales pasados en donde estas empresas habían quedado a deber impuestos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).
Juicios perdidos y fiscalización
La ASF informó que en el 2018 el órgano recaudador litigó 290 juicios fiscales, equivalentes a 11,457 millones de pesos. De estos juicios, la autoridad fiscal ganó 190, es decir, 65.5% de ellos, por un monto de 7,301 millones de pesos. Los 100 juicios que perdió el SAT sumaron 4,155 millones de pesos. La principal causa de ello fue por “deficiencias de origen en su operación”, ya que en 48 juicios se fundó y motivó de manera indebida la negación de las devoluciones solicitadas, las prórrogas para dar atención a requerimientos de información y el trato arancelario preferencial.
Respecto a actos de fiscalización, el órgano recaudador realizó 1,182 actos a 793 grandes contribuyentes, en donde logró una recaudación de 84,387 millones de pesos.
“Se identificó que el SAT ha realizado menos números de actos de fiscalización con una mayor rentabilidad, debido a que cambió la metodología de programación para concentrarse en los contribuyentes con mayor riesgo”, aseveró.
Incentivos por más de 68,000 mdp
Respecto a los incentivos fiscales, en el 2018 fueron por un monto de 68,170 millones de pesos para grandes contribuyentes. De éstos, 37,162 millones —poco más de la mitad— se concentró en apenas 1.1% de este tipo de causantes, es decir, en tan sólo 549 de los 46,514 que se registraron en el padrón.
La ASF detalló que 396 grandes contribuyentes recibieron beneficios fiscales por un monto menor a 25 millones de pesos, mientras que sólo 11 causantes utilizaron los estímulos por montos mayores a 500 millones de pesos.
“Se carece de estudios o medición del cumplimiento de los objetivos que tienen los diferentes estímulos fiscales, que permitan determinar el impacto de éstos en la materialización o promoción de conductas y actividades económicas”, determinó la ASF.
¿Qué se auditó?
El diseño de la política de ingresos tributarios de grandes contribuyentes, su operación, consistente en el cobro de sus créditos fiscales, la defensa del interés fiscal ante los grandes contribuyentes, la fiscalización que se les practica y las devoluciones y compensaciones que realizan, así como los resultados de la recaudación y de la aplicación de estímulos fiscales.
Con información de El Economista.
