Ante la eventualidad de la pandemia han sido varias las voces que se han pronunciado por solicitar al ejecutivo federal, facilidades y estímulos a las empresas para que estas puedan mantener los empleos ante la falta de ingresos, con un enfoque especial a la pequeña y mediana empresa.
La posición del presidente de la República mexicana ha sido siempre la misma; los apoyos solo se brindarán a los pobres, lo que en nada se contrapone con las peticiones de los empresarios, aun cuando a la fecha seguimos sin entender que comprende el concepto de pobreza o ser pobre para la llamada 4T.
El Estado tiene como función principal resguardar y proteger los intereses de su población trayendo bienestar en todos sus niveles y sentidos y para ello debe aprovechar los recursos logrando una repartición equitativa de los bienes y servicios. El Estado neoliberal puro considera que el mercado por su propia inercia logrará solucionar los embates que se le presenta. Un Estado como lo ha propuesto el Ejecutivo, que busca el desarrollo económico, debe intervenir necesariamente en la economía para disminuir la pobreza.
La intervención que se busca del Ejecutivo no es la que se brindó en sexenios pasados, este gobierno sabe y ha estudiado en demasía cuales han sido las fallas de sus antecesores, sino que intervenga ofreciendo apoyos que recaigan en los negocios y no en el contribuyente, para que se puedan conservar los empleos. La historia ha demostrado que es malo para la recaudación las políticas que se niegan a solucionar los problemas que aquejan a sus contribuyentes. Si se cree que destruyendo empresas se logrará justicia tributaria o se exaltará la honestidad, el Estado se quedará enfermo.
No se necesita mucha reflexión ni tampoco una gran visión para ver que si se continúa con la afectación en mayor grado para quienes realizan actividades en beneficio de la economía, el daño al país será muy difícil de reparar.
