La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a las afectaciones económicas del COVID-19 es “muy arriesgada”, ya que la política fiscal podría dañar aún más el crecimiento, consideró la compañía de servicios financieros Barclays.
De acuerdo con un análisis hecho por la compañía, los gobiernos en América Latina están ajustando las cuentas fiscales a la nueva realidad, y la mayoría de ellos agrega estímulo, excepto en México.
La firma refiere que, en Brasil, las medidas anunciadas hasta el momento representan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que, en México, el gobierno está respondiendo al shock al limitar el endeudamiento, consumir activos y reducir los gastos.
“En nuestra opinión, esta es una estrategia muy arriesgada. Si la economía cae aún más, los ingresos fiscales se verán afectados y los gastos disminuirán, lo que empujará aún más el crecimiento. Es muy difícil ver un cambio en este enfoque de austeridad, ya que es una pieza central de la ideología de López Obrador. Por lo tanto, la política fiscal podría dañar aún más el crecimiento”, precisa.
Y es que, expone, en México, el presidente ha rechazado la posibilidad de implementar estímulos fiscales adicionales en medio del choque pandémico, cuyos esfuerzos del gobierno se centrarán en contener los efectos negativos en las métricas fiscales, proteger el gasto social y apuntalar a Pemex.
Asimismo, explica que el gobierno estima una caída del PIB del 2.9% en 2020, en lugar de una expansión del 2% previo y un precio del petróleo de 24 dólares, en lugar de 50 dólares; así como una reducción de ingresos del 1.2% del PIB que será completamente compensada por la cobertura petrolera y el uso del fondo de estabilización de ingresos (FEIP).
“El Ministerio de Finanzas cree que el mayor déficit se financiará mediante el consumo de activos, ya que el techo de la deuda aprobado por el Congreso se mantendrá en 2.1% del PIB, por lo que no se emitirá más deuda”.
La firma recordó que el presidente López Obrador también ordenó una disminución del 50% en todos los gastos en servicios generales y gastos operativos para "liberar recursos para hacer frente a la pandemia".
