El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) criticó la tardía medida del SAT de aplazar el cumplimiento de la declaración anual de personas físicas hasta el 30 de junio, ya que no es una medida contracíclica para mitigar el impacto económico negativo derivado de la epidemia de COVID-19, sino una manera de enmendar la saturación del sistema.
“La medida es tardía si se considera la fecha en la que se anunció, finales del mes, cuando la gran mayoría de causantes, seguramente, ya habían cumplido con su obligación fiscal”, aseveró el organismo.
En ese sentido, señaló que es importante que la política fiscal sea complementaria a la monetaria-financiera, enfocada primordialmente en el sector salud, pero también en favor de la protección del empleo y las empresas.
“Lo urgente hoy por hoy en materia de salud pública es dedicarle mayores recursos fiscales y humanos, utilizar toda la cooperación posible para equipar y habilitar hospitales para el tratamiento de la población contagiada que los necesitará, y extender las pruebas al máximo”, sostuvo.
Asimismo, alertó sobre la necesidad de una política fiscal clara y determinada, basada en reasignaciones del gasto y aumentos netos del mismo, a fin de intentar controlar de varias maneras la emergencia sanitaria.
“Es evidente que asegurar las contribuciones fiscales futuras de empresas grandes, incluyendo de seguridad social, a través de apoyarlas con un diferimiento hoy en sus pagos de contribuciones, para contar con liquidez durante la crisis, es una estrategia sin duda de ganar-ganar”, señaló.
