Todos los países están enfrentando presiones sin precedentes ante la crisis económica que generó el COVID-19. La necesidad de recursos para cubrir el gasto público es evidente, pero también lo es la desigualdad social, lo que ha obligado a la hacienda pública a buscar gravar patrimonios con un umbral más alto.
Es un hecho que el ISR se ha venido desvirtuando hasta convertirse en un gravamen que tiene como fuente a los cautivos y principalmente la renta del trabajo asalariado.
Existen diversas formas de gravar la riqueza desde los activos como el impuesto predial, las donaciones y las herencias como el llamado impuesto sobre la riqueza neta.
Establecer este tipo de gravámenes, en especial el impuesto sobre la riqueza neta representa una oportunidad importante para abatir la brecha entre la pobreza y la riqueza. No obstante, tratándose del impuesto a la riqueza neta no hay datos contundentes en los países en los que se ha implementado que se hubieran obtenido ingresos significativos, esto en razón a su difícil recaudación y ante todo al no especifícarse cuál es su papel o como incidirá en la reducción de la pobreza, en especial en países con políticas fiscales populistas; esto independientemente de sus cuestionamientos de legalidad, constitucionalidad y doble tributación que señalan los doctrinarios.
Varios estudios sobre este impuesto concluyen que este recae en las clases medias altas, mas no en los patrimonios más ricos, ya que estos a través de figuras y vehículos jurídicos se diluyen en el patrimonio empresarial que se puede ubicar en cualquier jurisdicción, de ahí que para su verdadera implementación se requiera transparencia y el intercambio de información fiscal a nivel internacional.
Su puesta en marcha requiere un diseño correcto, de no ser así está condenado al fracaso, al suponer una baja recaudación y un impacto muy negativo en la inversión.
La propuesta mexicana
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, realizó una propuesta para fijar un impuesto a cualquier patrimonio que rebase los 20 millones de pesos con tasas diferenciadas que van del 2 % hasta el 3.5 %, con ello se afectaría solamente a 12 patrimonios. El impuesto de la propuesta sería extraordinario en tanto que sería por única ocasión, lo que puede tener vicios de inconstitucionalidad.
La desigualdad social y la falta de recursos son hechos ineludibles, pero es tan grande esta brecha que sería utópico pensar que con un impuesto a la riqueza se compensaría; este cambio debería estar acompañado con otras estrategias gubernamentales de eficiencia y transparencia en el gasto público e inclusive en diseños de mayor cooperación internacional, ya que la globalización añadió más a estas diferencias y es responsabilidad de todos los países atacarlas.
