Diputados de Morena alabaron la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo que instruyen diversas acciones a las dependencias federales sobre la importación definitiva de vehículos usados, conocidos como “autos chocolate”.
En conferencia de prensa, el diputado Daniel Murguía Lardizábal calificó esta acción presidencial como de justicia social para mexicanos que no pueden adquirir un vehículo de agencia.
Con esta medida, sostuvo, no se afectará la economía ni el comercio nacional, ya que este tipo de autos solo abarca el 13% de los vehículos en la zona norte.
“Todos quisiéramos tener autos modernos, nuevos, pero con el ingreso que muchas de las familias de frontera, trabajadores de la industria maquiladora, no se los permiten. Por qué no tener esa oportunidad que hoy nos brinda el presidente”.
Además, a la cadena comercial le beneficiará esta medida, ya que un vehículo requiere refacciones, servicios de un tapicero, eléctrico, mecánico, entre otros. “Es un ganar-ganar; darle una solución”.
La diputada Andrea Chávez Treviño señaló que la regularización de los vehículos importados desde Estados Unidos, es muy importante porque la mayoría de los delitos cometidos en este país se realizan utilizando autos irregulares sin registrado.
“Las fiscalías y los ministerios públicos tienen más difícil la tarea de hacer la investigación, por eso necesitamos registrarlos, tenerlos ubicados”, subrayó.
La diputada reiteró que no se afectará a la industria automotriz del país, pues se atiende a audiencias distintas.
“Una familia que tiene mil dólares para pagar un carrito no tiene 400 mil pesos para ir a una agencia y comprar un carro nuevo. Otro ejemplo, la nacionalización del litio, que precisamente le apuesta a la industria automotriz mexicana”, agregó.
El diputado Rubén Gregorio Muñoz expuso que este acuerdo cumple con una exigencia que por 30 años han manifestado las y los mexicanos que ingresaron más de 12 millones de vehículos irregulares al país.
“El decreto beneficia a Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur; esto va a permitir, además de darles certeza a 5 millones de propietarios, resolver una situación que los alcaldes del país enfrentan, porque cuando estos vehículos irregulares circulan por las calles sin ningún tipo de protección o aseguranza, ponemos en riesgo a quienes están en el mercado regular”.
