La Ley de Ingresos proyecta que los ingresos que percibirá el país durante el ejercicio fiscal de 2023 serán por un total de ocho billones 299,647.8 millones de pesos
El Senado aprobó los dictámenes por los que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y el documento por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para el siguiente año.
La propuesta fue avalada en lo general con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones; y en lo particular, con 62 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones, por lo que remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Pérez Astorga, aseguró que nunca se había observado una política fiscal y tributaria tan prudente y responsable.
“No ha existido en la historia contemporánea de nuestro país un gobierno que esté tan comprometido con el manejo responsable de la deuda pública, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que las reformas propuestas atienden a los principios constitucionales de reserva de ley, proporcionalidad y equidad tributarias.
Además, comentó que el cobro de derechos trata de no establecer presiones inflacionarias y busca preservar las necesarias proporcionalidades de equidad tributaria, que rigen a nuestro marco jurídico y principios constitucionales, pues no hay aumento ni creación de impuestos con el fin de proteger la economía de los hogares menos favorecidos.
¿Y la oposición?
Por la bancada del PAN, el senador Víctor Fuentes Solís lamentó la rápida aprobación de los dictámenes por orden del Ejecutivo. Asimismo, enfatizó que el gobierno debe hacer las cosas diferentes y escuchar a la oposición, si no quieren arrastrar a la economía mexicana hacia una nueva crisis sexenal.
A su vez, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI, asentó que el Senado se convirtió en una oficialía de partes, pues aprobarán estos dictámenes en fast track. Señaló que los ingresos estimados son irreales, lo cual se reflejará en deuda pública, cuya cifra llegará a 4,520 millones de dólares.
En tanto, el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, manifestó que el paquete de ingresos “es fantasioso e irresponsable”, pues se prevé un crecimiento del PIB del tres por ciento, cuando el Banco de México y otras instituciones financieras tienen una expectativa de entre 1.6% y 2% de crecimiento, “lo que se traduciría en importantes recortes al presupuesto a lo largo del año y una mayor deuda adquirida”.
Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que le preocupa el tema de la recaudación, pues, a pesar de que durante este año se recaudó un 10% menos de lo esperado, para el próximo año vuelven a hacer un pronóstico superior a lo que se espera, por lo que se podría recaudar, incluso, un 20% menos de lo planeado.
Gustavo Madero Muñoz, senador del Grupo Plural, expresó que ve un optimismo exacerbado sobre que el Producto Interno Bruto crecerá 3%, aunque todos los escenarios y los pronósticos de las administradoras de fondos de inversión hablan de que será de la mitad para abajo.
La Ley de Ingresos proyecta que los ingresos que percibirá el país durante el ejercicio fiscal de 2023 serán por un total de ocho billones 299,647.8 millones de pesos.
Al tiempo, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3%para el siguiente año; un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,872 miles de barriles diarios, con un precio ponderado acumulado del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril.
Ley Federal de Derechos
Por otra parte, los legisladores aprobaron la Ley Federal de Derechos que actualiza y adecua los montos de derechos que se cobran por la prestación de servicios de las dependencias, como la emisión de pasaportes, el espectro radioeléctrico, entre otros.
Además, contempla diversos beneficios fiscales dirigidos a sectores o grupos de personas en situación de vulnerabilidad que, por su condición, son considerados sujetos de protección y salvaguarda del Estado.
Ambas leyes se remitirán al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
