El estímulo fiscal al IESPS a combustibles tuvo un alto costo de oportunidad en las finanzas públicas del país y generó distorsiones en el mercado de los combustibles, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"Es posible que, como argumenta el Gobierno Federal, los estímulos a los combustibles hayan mitigado los niveles de inflación. Sin embargo, es importante analizar el costo para la hacienda pública, que fue de 128,000 mdp aún si se consideran los excedentes petroleros. Las cifras reportadas entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Hacienda varían: el 17 de enero, el SAT comunicó que en 2022 dejó de recaudar 373,000 mdp por concepto de estímulos al IEPS a gasolinas y diésel", destacó.
En ese sentido refirió que los ingresos petroleros tuvieron excedentes por 269 mil mdp (diferencia entre los ingresos programados y los observados), estos no fueron suficientes para compensar la renuncia recaudatoria del IESPS a gasolinas y diésel. La cifra no cuenta los ingresos excedentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) dado que se consideran únicamente los recursos que entran a la Tesorería de la Federación, no los de una empresa que si bien es propiedad del Estado mexicano, no es la única fuente de ingresos del Gobierno Federal.
Por lo anterior, en 2023 Pemex tendrá que cubrir 10 mil millones de dólares (mdd), es decir 188 mil mdp, en vencimientos de su deuda; únicamente en el primer trimestre del año los pagos alcanzarán 6 mil mdd (113 mil mdp). El Gobierno Federal ha anunciado que la SHCP apoyará en estos pagos para continuar con el plan de rescate financiero de la empresa. Esta medida representa una presión adicional a las finanzas del país y fortalece la simbiosis entre la petrolera y la hacienda pública.
La renta petrolera debe concebirse como un vehículo para detonar crecimiento y desarrollo económico. La política de estímulos fue la respuesta a una coyuntura específica, sin embargo, no es la mejor alternativa de largo plazo ante las fluctuaciones en el precio del petróleo. Mantener esta política implicaría perpetuar distorsiones en un mercado que necesita competencia e infraestructura, concluyó el IMCO.
