Cada vez es más más relevante que los países adopten economías más sustentables, ya que eso las hace más sostenibles, y en el caso de México, la incertidumbre en la demanda y reservas petroleras en la transición energética no es la excepción, aunque esta “representa un gran reto”, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
A través del documento “Transición Energética: Un reto para las finanzas públicas” del CIEP señaló que los ingresos carbonizados, que incluyen a los de Pemex, del FMP y el IESPS petrolero, han perdido terreno en su contribución a las finanzas públicas, y para 2022 fueron de a penas el 22.4%, aunque el porcentaje no es menor, lo que significa un “reto de la descarbonización de las finanzas públicas”.
En México, los combustibles fósiles y extracción del petróleo y gas representaron el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y se estima que el valor actual de las reservas probadas de petróleo y gas generarían ingresos públicos equivalentes a 3 billones 980 mil millones de pesos (mmdp).
Lo anterior representa 2.5 veces los ingresos petroleros estimados para 2023, por lo que el CIEP añade que “descarbonizar las finanzas públicas implicará un esfuerzo para los tres órdenes de gobierno”, ya que la transición energética hacia fuentes limpias y sostenibles ha adquirido mayor relevancia.
Por otro lado, el Centro de Investigación indicó que los ingresos carbonizados conforman la Recaudación Federal Participables (RFP) junto a los ingresos tributarios, aunque estos últimos son la mayoría, mientras los primeros han perdido participación, por ello, al considerar que el gasto federalizado está conectado con los ingresos carbonizados, habría un efecto directo sobre los ingresos totales.
Aunque se estima que por la explotación de las reservas probadas, la Federación recibiría 3 billones 980 mmdp por pago de impuestos, un impulso a la implementación de impuestos ambientales a nivel estatal, y que deja ver, la transición tiene “beneficios ambientales y de sostenibilidad a largo plazo”, siempre y cuando las finanzas públicas se adapten, ajusten sus ingresos, gastos y políticas fiscales.
Considerando lo anterior, el Centro de Investigación analizó las estrategias de descarbonización y su posible impacto en las finanzas públicas a nivel nacional y estatal, comenzando con que los “ingresos presupuestarios disminuirán y el gasto energético para fuentes limpias y sostenibles aumentaría”; las estrategias son:
- Reforma a subsidios: El precio de la energía es artificial, pero una regulación proveerá un incentivo a los agentes económicos para la descarbonización.
- Impuestos ambientales subnacionales: La legislación de estos impuestos regulará las actividades contaminantes y permitirá que incrementen los niveles de recaudación a nivel subnacional.
- Reforma a los subsidios energéticos e imposición de impuestos ambientales a nivel subnacional: esto podría superar el 2% de PIB.
Finalmente, el CIEP añadió que dentro de su estrategia debe considerar a los hogares más vulnerables y no a los que más consumen.
