Los precios de transferencia se han convertido en una práctica vital para reflejar con precisión el valor de las transacciones y garantizar una asignación justa de los beneficios entre las distintas empresas involucradas. Sin embargo, puede implicar un reto importante, para quienes operan en países como México, en donde se aplican estrictas normativas y requisitos de cumplimiento fiscal.
El término de precios de transferencia se refiere al precio que pactan compañías de un mismo grupo para la realización de cualquier tipo de transacción. En nuestro país, al ser un actor clave de la economía global, se ha reconocido la importancia de su regulación, para asegurar una tributación justa, para así prevenir la evasión fiscal.
Para Guillermo Villaseñor, Socio del área de práctica fiscal del despacho Sánchez Devanny, “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) juega un papel muy importante en la supervisión de la ejecución de la normativa, para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar cualquier posible uso indebido o manipulación de los acuerdos de precios de transferencia. Como resultado, las empresas que operan en México están sujetas a un riguroso escrutinio y medidas de aplicación por parte del SAT”.
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Consecuencias del incumplimiento de la regulación de precios de transferencia
De hecho, no observar los requisitos en materia de precios de transferencia puede tener graves consecuencias para las empresas, tales como la imposición de sanciones, auditorías y posibles litigios con las autoridades fiscales, que pueden afectar negativamente a la situación financiera y la reputación de las primeras.
Luis Antonio González, Socio del área de Práctica Fiscal del despacho Sánchez Devanny asegura que “Las regulaciones de precios de transferencia en México están diseñadas para alinearse con los estándares internacionales, reflejando el compromiso del país para promover la consistencia y armonización en las prácticas de dichos precios. Estas regulaciones se articulan principalmente en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reglamentos complementarios”.
Como parte del compromiso del gobierno mexicano, las autoridades fiscales establecieron una división fiscal internacional para supervisar la aplicación y administración de los tratados, lo cual les ha dado una amplia experiencia en ajustes de precios de transferencia y facilitación del intercambio de información entre jurisdicciones.
Actualmente en México, el Impuesto sobre la Renta es autoliquidado; lo que significa que los contribuyentes tienen la responsabilidad de aplicar correctamente las disposiciones fiscales, incluidas las relativas a los precios de transferencia.
Ello exige el cumplimiento de la normativa sobre precios de transferencia y la evaluación de las operaciones con partes vinculadas para garantizar que se realizan en condiciones de plena competencia.
Las reglas para los contribuyentes y asesores fiscales están integradas en el Código Fiscal de la Federación, y si los precios negociados con las partes involucradas no cumplen la norma, los contribuyentes pueden ajustar su base, corrigiendo los ingresos o gastos en consecuencia.
La omisión de la normativa sobre precios de transferencia obliga a los contribuyentes a autoliquidar los ajustes como ingresos, realizando los cambios correspondientes en los ingresos de las partes vinculadas.
Dichos ajustes deben completarse a más tardar el 31 de marzo del año natural siguiente, para los contribuyentes que renuncien a auditar sus finanzas. Como segunda opción, los pagadores de impuestos pueden optar por presentar un informe de auditoría de sus finanzas para efectos fiscales antes del 15 de mayo del año natural siguiente.
Tipos métodos de precios de transferencias
Según sus necesidades, las empresas pueden emplear varios métodos de precios de transferencia, entre los más relevantes están el de precio comparable no controlado; de precio de reventa; de coste incrementado; de reparto de beneficios, de reparto del beneficio residual, y del margen neto transaccional. La selección del método más apropiado depende de la naturaleza de la transacción y de la disponibilidad de datos comparables.
Finalmente, es importante que las empresas lleven a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos para desarrollar estrategias eficaces que los solucionen a tiempo. En el desarrollo de las políticas deben considerar factores como la naturaleza del sector, la complejidad de las transacciones entre empresas y los cambios en los marcos normativos.
