El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), aplicable a los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles no invade las facultades que se establecen en el artículo 115 fracción IV, inciso a) de la Constitución, que reconoce a los municipios para recaudar impuestos relacionados con la propiedad.
Al resolver los Amparos en Revisión 413/2025 y 467/2025, se confirmó la constitucionalidad de los artículos 119 a 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), al concluir que el tributo federal y las contribuciones municipales recaen sobre sujetos distintos.
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¿Cuál era el problema planteado?
Las personas quejosas argumentaron que el artículo 119 de la LISR vulneraba el artículo 115, fracción IV, constitucional, al generar una supuesta doble tributación, mientras invade la competencia municipal en materia de contribuciones sobre la propiedad de inmuebles.
Esto, al mencionar que el artículo 115 Constitucional establece que los municipios percibirán las contribuciones que los estados establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor”, artículo 115, fracción IV.
En ese contexto, los quejosos sostuvieron que el ISR por enajenación de inmuebles implicaba gravar nuevamente la traslación de dominio, facultad que corresponde a los municipios. Sin embargo, la Corte determinó que no existe concurrencia ni duplicidad tributaria.
¿Qué grava el ISR en la venta de inmuebles?
El artículo 119 de la LISR establece que se consideran ingresos por enajenación de bienes aquellos previstos en el Código Fiscal de la Federación y que el ingreso será el monto de la contraprestación obtenida, incluso en crédito, o el valor de avalúo cuando no exista contraprestación.
La Corte explicó que el ISR no grava la propiedad inmobiliaria ni la traslación de dominio en sí misma, sino la ganancia económica obtenida por la persona que transmite el bien, es decir, el enajenante.
En contraste, el impuesto municipal sobre adquisición de inmuebles recae sobre quien adquiere el dominio o derechos reales sobre el bien, es decir, el nuevo propietario.
Es por ello, que la contribución federal tiene por objeto el ingreso derivado de la enajenación, mientras que el municipal grava la adquisición de la propiedad.
Resolución de la SCJN
Por unanimidad, el Tribunal de la SCJN confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a las personas quejosas, al concluir que los artículos 119 a 128 de la LISR no vulneran la autonomía hacendaria municipal ni el principio de libre administración de la hacienda pública previsto en el artículo 115 constitucional.
Asimismo, se precisó que el hecho de que el Código Fiscal de la Federación considere que existe enajenación cuando se transmite la propiedad no significa que el ISR grave la propiedad inmobiliaria por si misma, sino únicamente el ingreso que surge con motivo de dicha transmisión.
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