Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, el mensaje central fue disciplina: el balance presupuestario mejora, el superávit primario crece y los requerimientos financieros del sector público (RFSP) se contraen. Pero leer solo esos indicadores es leer la mitad de la historia.
La otra mitad, que rara vez aparece en el boletín de prensa, es que la deuda pública, medida como saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), sube de 52.3 % a 55.0 % del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho de otro modo: Hacienda logra gastar de forma más disciplinada que antes, pero ese esfuerzo todavía no se traduce en una trayectoria de deuda descendente.
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La ecuación de los ingresos
Según el documento, los ingresos presupuestarios pasan de 8,721.1 a 9,156.5 miles de millones de pesos (mmp), un avance real de 3.9 %, notablemente más lento que el 6.3 % registrado el año anterior. El dato que realmente importa no es el monto, sino su origen: en 2026 la estrategia recaudatoria se apoyó en impuestos correctivos aplicados a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, el tabaco, las apuestas y los videojuegos violentos. Son instrumentos de bajo costo político, precisamente porque recaen sobre productos con estigma social. Para 2027 ese margen se agota, y Hacienda migra hacia una recaudación de naturaleza estructural: corregir la erosión de la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo.
Las medidas lo confirman. Se topan las deducciones autorizadas al 96.67 % de los ingresos acumulables, y se reduce del 30 % al 20 % el límite deducible por intereses netos: un ajuste de manual contra la práctica conocida como «capitalización delgada» o «subcapitalización» que implica financiar una empresa con niveles de deuda desproporcionadamente altos respecto a su capital propio, con el fin de deducir fiscalmente los intereses y erosionar así la base gravable.
La medida está alineada a los estándares del proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), traducido como Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se propone eliminar, además, el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS), un esquema transitorio de 2013 que la propia SHCP reconoce que ya agotó su propósito. El diagnóstico que subyace es contundente: seis de cada 10 empresas con ingresos positivos no pagan ISR. Atacar esa cifra permite ensanchar la base tributaria sin el desgaste político de una reforma fiscal frontal ni de subir tasas a las personas físicas.
Como contrapeso, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) amplía sus umbrales de 3.5 a cinco mdp para personas físicas y de 35 a 50 mdp para personas morales, y suma un Impuesto al Valor Agregado (IVA) simplificado al 7 %.
La lógica responde a la clásica “estrategia de pinza” en política tributaria: se incrementa la carga fiscal sobre la gran empresa y, de manera simultánea, se amplían las facilidades para la pequeña, en un balance orientado a sostener la aceptación social de la reforma administrativa.
El renglón que más llama la atención, sin embargo, es el de los ingresos no tributarios: +24.6 % real, que corresponde a la variable de mayor crecimiento porcentual de toda la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y responde a la actualización de cuotas y los derechos administrativos (migración, telecomunicaciones, espacio aéreo).
Se trata, en la práctica, de una vía de «recaudación silenciosa»: al no ser un impuesto nuevo, no pasa por el Congreso y así elude el costo político de una discusión legislativa abierta.
El ancla macroeconómica: bajar expectativas para poder cumplirlas
El escenario macro que sustenta el paquete es deliberadamente conservador. El rango de crecimiento del PIB se recorta de 1.8 %–2.8 % (2026) a 1.5 %–2.5 % (2027), pese al discurso de aceleración económica.
En finanzas públicas esta decisión tiene una lectura clásica: un rango más bajo, pero más alcanzable, protege la credibilidad de las metas fiscales frente a calificadoras y mercados, después de dos ejercicios en que el crecimiento real quedó por debajo de lo presupuestado.
La inflación se ancla en 3.0 %, siendo el punto medio del objetivo del Banco de México (Banxico), y el tipo de cambio esperado se aprecia a $17.90 pesos por dólar (MXN/USD). Ambos supuestos son funcionales a la estrategia de deuda: un peso más apreciado reduce el costo de pagar la deuda contratada en dólares, mientras que una inflación controlada abre espacio para que la tasa de referencia continúe su ciclo de baja sin comprometer el ancla nominal.
La paradoja de la consolidación: menos déficit, más deuda
Aquí está el nudo del paquete. El déficit presupuestario baja de 3.6 % a 3.4 % del PIB; el superávit primario mejora de 0.5 % a 0.6 %; los RFSP se contraen de 4.1 % a 3.9 %. Toda métrica de flujo mejora, no obstante, el SHRFSP, siendo la métrica de acervo, la que realmente mide el endeudamiento acumulado, sube 2.7 pp.
La explicación técnica está en la composición de la deuda: el efecto de valuación del tipo de cambio sobre el componente en moneda extranjera, junto con un costo financiero que sigue absorbiendo una proporción creciente del PIB (de 3.4 % a 3.5 %), termina por superar la mejora del balance primario. Esto evidencia que la disciplina fiscal, resumida en el discurso oficial como "gastamos menos de lo que crece la economía", todavía no alcanza para revertir el endeudamiento. De hecho, apenas logra frenar su ritmo de expansión.
La respuesta de política responde a ese diagnóstico: Hacienda recorta los techos de endeudamiento autorizados, el interno baja 4.5 % y el externo 12.9 %, privilegiando de manera explícita la deuda en moneda nacional sobre la externa. Es una decisión de gestión de riesgo cambiario, no solo de austeridad. Si el peso se deprecia, la porción de deuda en pesos no se encarece.
Conclusión
El Paquete Económico 2027 no es una reforma fiscal, y la propia SHCP evita llamarlo así. Es un ejercicio de ingeniería fina: recaudar más sin subir impuestos al consumo ni a las personas físicas, corregir la elusión corporativa con herramientas ya probadas internacionalmente (BEPS/OCDE), y contener el crecimiento de la deuda externa sustituyéndola gradualmente por deuda interna.
El riesgo es que todo el esquema depende de que la recaudación por ISR corporativo se materialice tal como se proyecta. Ahí yace la verdadera apuesta del Gobierno: que ese ingreso adicional alcance para cumplir las metas fiscales programadas. Si no lo hace, la trayectoria de consolidación de mediano plazo que el propio documento promete quedará, una vez más, en el papel.
Esa apuesta trae consigo un efecto colateral inevitable: una fiscalización más severa y una vigilancia más estrecha sobre las grandes empresas.
