Seis de cada diez ciudadanos que respondieron la encuesta semanal de IDConline aprobaron la implementación del impuesto especial a las bebidas azucaradas incluido en la propuesta de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, el 35% de los participantes en el sondeo manifestó su rechazo a la iniciativa; en tanto que sólo el 3% de los consulados desconoce la medida que busca que las bebidas saborizadas con azucares añadidos paguen el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Pequeños comerciantes del país realizaron una contrapropuesta a la Secretaría de Hacienda para gravar con dos pesos por kilogramo de endulzantes a cualquier industria que los utilice, en lugar del peso por litro que se plantea en la reforma hacendaria para los refrescos.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, argumentó que con su planteamiento se recaudarían 13,000 millones de pesos anuales, es decir, 500 millones de pesos más de los previstos por el gobierno federal.
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo federal sobre las bebidas gaseosas, la caída en ventas pondría al borde de la quiebra a la mayoría de los 750,000 puntos de venta que operan en el país, ya que los refrescos representan 30% de las ventas directas e impulsa 70% de las indirectas.
Por su parte, el director general de Coca Cola México, Francisco Crespo, calificó como discriminatorio y arbitrario el impuesto a los refrescos que contempla la reforma, ya que golpea a la industria y no resolverá el problema de obesidad.
"No reconocemos el derecho del gobierno de poner un impuesto, pero si este es el caso, respetaremos la ley pero lo importante es que no haya discriminación o arbitrariedad en el marco de reglas generales", afirmó el empresario.
