El 28 de noviembre de 2024, se publicó en la edición vespertina del DOF el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Entre los cambios más destacados se encuentra la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituye a la Secretaría de la Función Pública. Esta nueva dependencia será responsable de la profesionalización y fiscalización de la administración pública, además de coordinar contrataciones y participar en tratados internacionales relacionados con compras gubernamentales.
Asimismo, se crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que promoverá la investigación científica y tecnológica, con un enfoque en el desarrollo sostenible y la gestión de instituciones educativas como la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Otro cambio relevante es la creación de la Secretaría de las Mujeres, que liderará políticas públicas enfocadas en la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia. Esta dependencia también coordinará sistemas de cuidados y políticas de salud integral desde una perspectiva de género.
Por otro lado, la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones gestionará el sistema nacional de identificación personal, además de impulsar la inclusión digital y promover la cobertura universal de telecomunicaciones.
En cuanto a la redistribución de facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora será responsable de nombrar a los titulares de las unidades de administración y finanzas de las entidades paraestatales, además de centralizar los procedimientos de compras y contrataciones.
La Secretaría de Gobernación coordinará el Servicio Nacional de Identificación Personal y supervisará la documentación de las actividades públicas del ejecutivo federal. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores asumirá nuevas funciones relacionadas con la atención a migrantes y la revalorización del fenómeno migratorio.
La reforma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, establece que los asuntos en trámite serán concluidos por las nuevas dependencias o aquellas que asuman las funciones correspondientes, aplicando las normativas vigentes al inicio de cada proceso. Además, se contempla un plazo de 90 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la armonización con el decreto.
