El 2 de diciembre de 2024, se publicaron en la edición vespertina del DOF tres importantes decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas reformas entran en vigor el propio 3 de diciembre de 2024 y abarcan aspectos clave del bienestar social, la protección animal y la educación integral, estableciendo derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.
La reforma en materia de bienestar social busca garantizar derechos como el acceso a una vivienda adecuada, pensiones no contributivas y apoyos económicos para sectores prioritarios.
Pensiones no contributivas
- La federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a quienes tengan una discapacidad permanente menores de 65 años
- el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años
- los adultos mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley
- a las personas con discapacidad permanente menores de 65 les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores
Para tales efectos, el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se hubiese asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Vivienda
- Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada, y la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dicho objetivo
- el fondo de vivienda deberá tener un sistema con orientación social que permita obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición o mejora de casa-habitación, para comprar suelo y construir, y
- la legislación regulará las formas y los procedimientos para acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del 30 % del salario de los empleados
El Congreso de la Unión, y las legislaturas de las entidades federativas tienen hasta el 1o. de junio de 2025 para ajustar las leyes respectivas para garantizar el cumplimiento de dichas reformas, esto incluye realizar las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Apoyo a personas del campo
El decreto también asegura apoyos anuales y fertilizantes gratuitos para campesinos y productores de pequeña escala, así como precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable.
Se establece un jornal seguro para campesinos que cultiven tierras con árboles frutales o maderables. Adicionalmente, el Estado deberá asignar recursos suficientes para garantizar estos derechos conforme al principio de progresividad, evitando reducciones presupuestales reales respecto al ejercicio fiscal anterior.
Protección animal y educación
Por otra parte, la reforma en materia de protección animal y educación integral introduce cambios significativos en la Constitución.
Se incorpora la perspectiva de género y una orientación integral en los planes de estudio, abarcando áreas como ciencias, humanidades, tecnología, lenguas, educación física, deporte, música, y cuidado del medio ambiente, además de promover estilos de vida saludables y educación sexual.
Se prohíbe expresamente el maltrato animal y establece la responsabilidad del Estado de garantizar su protección, conservación y trato adecuado.
Asimismo, amplía las facultades del Congreso para legislar sobre bienestar animal, restauración ecológica y protección ambiental, obligando a crear la Ley General de Bienestar Animal en un plazo de 180 días.
