México (Notimex).- A fin de evitar la cobranza intimidatoria por parte de bancos y tiendas departamentales, diputados analizan una iniciativa para imponer penas de hasta tres años de prisión, y multas de 370 salarios mínimos a quienes incurran en esa práctica.
El objetivo es castigar a despachos jurídicos, contables o cualquier otro representante de bancos o tiendas departamentales, que mediante amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento físico o telefónico, pretendan cobrar el saldo de una deuda contraída.
"No podemos ignorar las grandes repercusiones en materia de empleo, salarios, inflación y distribución de ingresos que enfrenta hoy en día nuestra economía", dijo el diputado Ricardo Monreal Ávila.
A su vez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja recordó que en noviembre de 2010 la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) un acuerdo para evitar las malas prácticas.
"En ese entonces se aseguró que la misma Apcob contaba con un código de ética; sin embargo esto no ha sido impedimento para que los despachos de cobranza contratados por bancos y comercios acosen a los clientes", apuntó.