La Ley de la Fiscalía General de la República, que fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados con 370 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, establece que será esa nueva institución la que cumpla con las funciones que hasta ahora ha desempeñado la PGR.
La fiscalía, que tendrá autonomía constitucional, se encargará de llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, aprobado en junio de 2008, informó la Cámara baja en un comunicado.
La dependencia estará integrada, entre otros órganos, por las fiscalías especializadas en materia de Combate a la Corrupción, y en materia de Delitos Electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General, con posibilidad de ser objetados por el Senado.
Al igual que como ya sucede con la PGR, se prevé la función del Ministerio Público como representante social, dedicado no sólo a investigar y perseguir delitos, sino también a intervenir en aquellos asuntos que sean relevantes para la sociedad.
El dictamen, que fue turnado al Senado, contempla el procedimiento para que los agentes del Ministerio Público, los investigadores ministeriales, y los peritos, puedan formar parte del servicio de carrera de la fiscalía, cuyas siglas serán FGR, en tanto que el procurador general pasa a denominarse fiscal.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), dijo que esta fiscalía dotará de independencia y objetividad a la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones.
Con esta reforma, expresó, se robustece el papel del Ministerio Público como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal, y procesal penal.
Por su parte, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, señaló que la transformación de la PGR en Fiscalía es un reto que debe de contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en juicio.
“Ésta no debe de ser una reforma de papel, como han sido muchas estructurales, pues la PGR actualmente no solamente se encuentra saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado, sino que ha demostrado ser ineficiente en los casos más graves que se han presentado, como es el de Tlatlaya y de Ayotzinapa”.
Indicó que las cifras de la PGR muestran que de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 162,000 averiguaciones previas, aunque solo el 28% terminaron en alguna consignación; por ello “es fundamental refundar la Fiscalía General, y tener no solamente un fiscal autónomo sino que se aplique el Estado de derecho”.
De su lado, el diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) subrayó que esta ley no contiene un capítulo específico que esclarezca las facultades de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, y no resuelve las precarias condiciones laborales a las que se enfrenta cotidianamente el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público.
Por Acción Nacional, la diputada Karina Labastida Sotelo resaltó que la nueva ley pondrá al país a la vanguardia de los sistemas acusatorios.
Además de crear esta ley, los diputados reformaron el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; el 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el 7 de la Ley Sobre Celebración de Tratados, y un artículo de la Ley de Seguridad Nacional.
