Debido a los desacuerdos entre bancadas, esa iniciativa y la que reforma al DF se discutirán hasta febrero
Por Mauricio Torres
Las reformas en seguridad y justicia que el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Congreso mexicano se discutirán hasta el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero, debido a los desacuerdos que hay entre legisladores, detallaron los líderes de las bancadas en el Senado.
"La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo no alcanzó los consensos entre los grupos parlamentarios para poder ser aprobada, y nosotros hemos aprobado una ruta pública, una ruta pública de cómo desahogar las propuestas", indicó el coordinador perredistas, Miguel Barbosa.
En ese sentido, informó que los trabajados a realzarse incluyen formar grupos de trabajo que analicen los ocho temas que abarca el plan presidencial.
Los asuntos son. 1) modelo policial, 2) procuración de justicia, 3) distribución de competencias penales, 4) derechos humanos, 5) intervención del gobierno federal en localidades en casos de crisis o infiltración de la delincuencia, 6) sistema anticorrupción, 7) sistema de transparencia y 8) ley de ejecución penal.
Cada grupo de trabajo deberá organizar audiencias con expertos y organizaciones civiles, y de ellas obtendrá conclusiones que servirán para elaborar propuestas que generen consenso.
"El acuerdo de los grupos parlamentarios es que al inicio del periodo ordinario de sesiones, es decir, al inicio del mes de febrero, se presenten al pleno del Senado estas conclusiones ya como iniciativas para la discusión de los dictámenes correspondientes", dijo Barbosa.
Cabe señalar que el Senado cerró sus actividades de 2014 sin concluir diversos temas entre los que destacan la reforma política del DF, una reforma constitucional ya avalada por los diputados para desvincular el salario mínimo del cálculo de tarifas y multas, el nombramiento de los fiscales en delitos electorales y en combate a la corrupción; así como la respuesta que el Senado daría a los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes pidieron a los senadores declarar desaparición de poderes y promover que los comicios locales del próximo año se suspendan.
Con información de CNN México
