Por: Adrián Estañol
Los Tribunales superiores de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y de Coahuila reclaman haber sido defraudados por Ficrea, a pesar de que -como entidades gubernamentales- tenían prohibido invertir en ese tipo de institución.
"Por ser (Ficrea) una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) tiene una prohibición expresa en la ley para poder captar recursos de organismos gubernamentales, llámese Poder Judicial, municipios, gobierno del estado, federal e incluso organismos desconcentrados o descentralizados”, señaló el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edgar Bonilla.
De hecho la principal irregularidad que la CNBV le notificó a la financiera, en una visita de supervisión realizada en 2011, fue precisamente la inversión que tenía proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
Por su parte, el TSJDF invirtió 110 millones de pesos en la sociedad financiera, recursos que pertenecían al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, compuesto por ingresos ajenos, tales como depósitos que se hacen ante cualquier órgano dependiente del Tribunal, y por recursos propios, estos últimos integrados por fianzas, pagos de conmutación de sanciones, donaciones, aportaciones, y venta de bienes incautados.
A su vez, el Poder Judicial de Coahuila, a cargo de Gregorio Alberto Pérez Mata, invirtió cerca de 90 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
Sin embargo, los recursos que integran a estos fondos no pertenecen a las partidas presupuestales, aclararon ambas dependencias.
La decisión de hacer estas operaciones recayó en los presidentes de los Tribunales, los miembros del Consejo de la Judicatura y profesionistas especializados en Finanzas o Administración.
“Cualquier tesorero, cualquier director de finanzas o secretario de finanzas de Coahuila o del Distrito Federal debió haber entendido que no es una tasa de interés acorde al promedio del mercado. Es obvio que algo no checa”, dijo el profesor de la Universidad Panamericana, Carlos Alberto Martínez.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prevé pedir cuentas al Tribunal capitalino sobre este caso en los siguientes días.
“La próxima semana va a ser tema de debate si se instaura una comisión para ver el asunto en concreto del TSJDF”, comentó la vicepresidenta de la comisión de procuración y administración de justicia de la ALDF, Olivia Garza de los Santos.
Asimismo, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Lozano propuso la creación de un grupo de trabajo para abordar el tema, “porque no solamente estamos hablando de una imprudencia, sino quizás de una ilegalidad”.
Con información de CNN Expansión
