VIE 13/03
TDC 17.8368
MAR 10/02
INPC 144.3070
DOM 01/03
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
Modificaciones a Ley Federal de Transparencia estipulan que más organismos deben hacer pública su información
Todos los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales y tribunales autónomos, así como las universidades autónomas, los partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos o sindicatos o cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en cualquier nivel de gobierno, por ley estarán obligados a hacer pública su información.
El Estado debe cumplir con las normas establecidas en materia de acceso a la información, declaró Armando Alfonzo Jiménez, director general de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El ámbito del derecho a los datos se amplió en los principios que establece la Ley Federal de Transparencia, por lo que más organismos estarán sujetos a proporcionar datos, declaró Alfonzo en la conferencia “Sensibilización de Transparencia”, realizada por la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.
Hasta antes de la última reforma constitucional, solo el Ejecutivo estaba obligado a responder al derecho de la información, ahora la ley establece que la información podrá ser reservada únicamente de manera temporal y por razones de interés público y seguridad nacional.
Sobre los archivos y gestión de información, los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarlos -a través de los medios electrónicos disponibles -con información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos; deberán incluir, además, los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
“A excepción de los datos confidenciales, prevalecerá la máxima publicidad”, dijo Alfonzo Jiménez al mencionar que la ley federal vigente precisa 7 artículos para regular dichos datos.
No obstante, con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los entes públicos y privados están obligados a salvaguardar debidamente la información confidencial.
