Por Aglaé Ordoñez
Más de 1,312 sociedades financieras de objeto múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOMES, ENR) se encuentran en trámite de cancelación por haber perdido su registro al no renovarlo en tiempo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por lo cual no podrán seguir operando bajo ese esquema.
Lo anterior, tras haberse extinguido el plazo (4 de julio de 2015), otorgado por la sexta transitoria de las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Tal normativa señala, además de la obligación reseñada, que toda Sofom no renovada pierde su naturaleza, impidiéndole seguir con sus actividades de crédito.
Una de las dificultades más grandes para renovar el registro fue cumplir con el dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que debía emitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para conseguir dicho dictamen era necesario contar con un oficial de cumplimiento, y acreditarle a la CNBV que las operaciones desarrolladas se hacían bajo un esquema de prevención de lavado de dinero: políticas de identificación, capacitación a sus empleados en la materia, entre otros aspectos.
Implementar todos esos lineamientos se convirtió en una dura carga para las SOFOMES de menor tamaño, aun cuando la CNBV subió en su página de Internet videos para auxiliar en el cumplimiento de sus obligaciones a los sujetos deberes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para obtener tal dictamen y elaborar un manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las cifras de la propia Condusef, solo 1,396 SOFOMES ENR lograron renovar su registro, mientras que 47 aún están a espera de concluir el trámite. En relación con aquellas que lo perdieron, ocho se encuentran en fase de disolución, 14 en liquidación y 115 fueron transformadas en sociedades anónimas (no financieras).
Sin duda estas medidas han afectado al sector financiero, pero a largo plazo serán los usuarios quienes se verán beneficiados, pues más allá de poner trabas a la operación crediticia, su misión es profesionalizarla y evitar que sea utilizada para el blanqueo de activos.
Por otro lado, cabe recordar que la carga en prevención de lavado de dinero también incluye, desde octubre de 2014, que los oficiales de cumplimiento que estén al frente de una SOFOM cuenten con la certificación otorgada por la CNBV.
