Juan pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explicó que el principal desafío del resto de la administración vigente es restablecer la confianza en las instituciones del Estado y la capacidad nacional para enfrentar los retos del contexto actual.
Lo anterior requiere de la disminución de los niveles de corrupción, ilegalidad, impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en la función pública, delincuencia, inseguridad y violación de derechos humanos.
La recurrencia de ese tipo de hechos se confirmó en la “La Cuenta Pública 2014”, entregada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); además de que la aplicación de 42,700 millones de pesos de gasto público no fue clara en su rendición del ejercicio 2015 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.
La omisión de la declaración por las dependencias no obtuvo sanción y no se advirtió cambios en la gestión y administración; que en términos comparativos de sentencia condenatoria con la delincuencia general son equivalentes, es decir, más del 97% de las denuncias quedaron impunes.
El líder empresarial sostuvo que la solución a este hecho, “es la congruencia, entre la voluntad política, acciones y resultados, con la retórica, las promesas y los planes. Más allá de estrategias de pizarrón o decálogos, lo que va a convencer son las acciones ejemplares contra la impunidad”.
“México tiene un déficit en legalidad y justicia, así como necesidad y urgencia de ser proactivo ante ello, por lo que el poder político está obligado, como representante de la nación, a escuchar y atender a las voces autorizadas y representativas que están preocupadas y ocupadas por la situación prevaleciente”, sentenció el presidente del CCE.
En ese sentido, Castañón solicitó al gobierno federal “que se sume a la iniciativa ciudadana para consolidar las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, que incluye el sistema de declaraciones 3 de 3”, así como avanzar con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunado a lo anterior, los instrumentos de diagnóstico, investigación y denuncia como los implementados por la ASF deben dar "pie a procesos puntuales para hacer más eficiente y transparentar el gasto y eliminar la impunidad”.
