El ministro presidente de la SCJN solicitó a la Cámara de Diputados los recursos que necesitan para dar cumplimiento a la ley
Con la intención de que el presupuesto para el próximo año estabilice la deuda en proporciel ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar ón al PIB, diversos organismos y dependencias se verán amenazados en el caso de ser aprobados los cambios en el PEF 2017, esto también incluirá a la impartición de justicia según señalaron especialistas.
Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, señaló que la propuesta de presupuesto (PEF) 2017 versa sobre cinco ejes fundamentales, a fin de que ayuden a cumplir con los compromisos de justicia que en marca la Constitución.
Consolidación de la reforma penal acusatoria
Para ello, consideró que se deben instalar un mayor número de juzgados en la República “para atender la creciente cantidad de asuntos que se reciben en el sistema penal (…) necesitamos instalar cuatro salas con instalaciones adecuadas en las regiones en las que se han estado haciendo”, por lo que se requiere del personal adecuado para su impartición.
“ese es un primer rubro importantísimo para poder dar sustentabilidad al poder acusatorio”.
Justicia para adolescentes en materia penal
En ese rubro se necesita que el personal como los jueces estén capacitados “que se dediquen específicamente a este sistema (…) lo que implica en costo, personal y jueces capacitados para ello”.
Implementación de la reforma laboral
Con el compromiso de que el Poder Judicial de la Federación instale juzgados o tribunales que se encarguen de los conflictos laborales.
Con el incremento de conflictos en este año, se calcula “no menos de un millón 200,000 asuntos en el sistema de justicia federal para evitar que se pueda generar un rezago en los plazos que establece la ley y la constitución, por lo que necesitamos instalar nuevos juzgados y tribunales, ojalá que se pudieran 40 órganos jurisdiccionales nos facilitaría el poder cumplir con la ciudadanía, la justicia, con la prontitud que se exige en la constitución”.
A lo anterior, reconoció que implica un gasto en la instalación de la infraestructura y el personal.
Inclusión a las personas con capacidades diferentes
“hacer una adecuación a los inmuebles del poder judicial para dar inclusión a todas las personas con discapacidad y que por tanto requieren que los inmuebles estén adecuados para eso, la capacitación de las personas para atenderlos”.
El magistrado recalcó que “no son incrementos que tengan que ver con otro gasto adicional, superfluo o mucho menos, son para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales, y no queremos que el pueblo de México sufra, porque ellos finalmente son los usuarios”.
Además reconoció las condiciones económicas del país, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados los recursos que necesitan para dar cumplimiento a la ley.
