El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Presidente Enrique Peña Nieto haga un análisis a cuatro años de su administración de la estrategia que tiene para procurar un México en paz.
Asimismo, urgió al Congreso de la Unión aprobar una Ley de Seguridad Interior que le brinde certidumbre jurídica al accionar las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial redoblar los esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia.
“Requerimos también Ministerios Públicos que se profesionalicen y comprometan plenamente en la parte que les corresponde, en la vertebración de la impartición de justicia en México”, solicitó el organismo empresarial.
Señaló que la seguridad representa altos costos que afectan la competitividad: según el INEGI, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2015 fue de 236,000 millones de pesos, equivalente a 1.25% del PIB.
Agregaron también lo que la pequeña y mediana empresa invierte en el país los estimados es que representa cerca del 9% del PIB.
“Por otro lado, si bien México subió 6 lugares en el Índice de Competitividad Global 2016-2017, el pilar donde tenemos el mayor freno sigue siendo sin duda el de las Instituciones: estamos en el sitio 116. En crimen organizado, estamos en el lugar 135 de estos 138 países, en confiabilidad de los servicios policiacos y costos de negocios derivados del crimen y la violencia, en el lugar 130 de 138”, señaló además el CCE.
Continuó por solicitar a las instituciones de Derechos Humanos especial sensibilidad y trabajo por los derechos de las víctimas, en todas estas manifestaciones de violencia en México.
“Nos preocupa que, en este estado de cosas, crece en algunas zonas el encono social y se han multiplicado fenómenos como el de los linchamientos, cuya incidencia se triplicó en tres años, con cerca de 200 casos en lo que va de este año”, consideró la iniciativa privada.
Finalmente, desde el sector empresarial propusieron la creación de una mesa de trabajo con la autoridad económica especializado en el delito económico, con tecnologías para generar inteligencia respecto de robo de mercancías, transporte y combate a la economía ilegal.
