Sanciones podrían alcanzar hasta 10% de los ingresos acumulables de cada agente económico
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella penal contra varias personas que, de acuerdo con sus investigaciones, cometieron el delito de prácticas monopólicas absolutas, actividad ilegal prevista en el artículo 254 bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
La unidad dijo tener evidencias sobre la coordinación entre postores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud, entre los años 2009 y 2015, que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público, a los que se asignaron recursos fiscales por más de 1,200 millones de pesos.
Esta es la primera vez que la COFECE, a través de su Autoridad Investigadora, hace uso de esta facultad legal contenida en el artículo 77 de la Ley.
“La colusión en el sector salud es grave pues los insumos adquiridos por este sector inciden directamente sobre los servicios que presta el Estado a la población, los cuales son financiados con recursos públicos”, consideró la Cofece en un comunicado.
Explicó que al Ministerio Público Federal de la PGR corresponderá proseguir con las pesquisas iniciadas por ellos y cuyos resultados se establecen en el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por dicha unidad de la COFECE, para posteriormente ejercitar acción penal en contra de quienes cometieron el delito o participaron en su comisión.
En paralelo, de acuerdo al mandato de la LFCE, la COFECE tiene abierto un proceso administrativo en contra de las empresas y personas físicas emplazadas.
Conforme al debido proceso, se desahogarán todas las pruebas y alegatos que para su defensa presenten quienes presuntamente participaron en este cártel económico. Una vez agotado dicho procedimiento, el Pleno de la COFECE deliberará sobre su responsabilidad y, en su caso, impondrá las sanciones administrativas correspondientes, las cuales pueden alcanzar hasta 10% de los ingresos acumulables de cada agente económico inculpado y la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos hasta por cinco años.
