¿Obligado a firmar documentos en blanco para renunciar a derechos?

Se está promoviendo una iniciativa para hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Código Penal Federal para evitar estos actos
 Las empresas que más incurren en la práctica de obligar a los empleados a firmar documentos en blanco para renunciar a derechos son las menos reguladas  (Foto: iStock)

Una iniciativa en la Cámara de Diputados busca prohibir que los trabajadores, al ser contratados, sean obligados a firmar documentos en blanco, o sin fecha determinada, que les implique renuncia de derechos o imposición de obligaciones.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez de Morena impulsa la modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Código Penal Federal.

Los casos de este tipo representan más del 40% de las contrataciones, afirmó. “La problemática no es menor, ya que el porcentaje de incidencia es preocupante”.

Las empresas que más incurren en esta práctica son las menos reguladas y guardan menores responsabilidades frente a sus trabajadores, específicamente las que operan en el esquema de subcontratación (outsourcing), que “florece bajo el amparo de la ley”, señaló.

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La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente busca adicionar un párrafo segundo al artículo 33 de la LFT, de manera que en caso de que se le exija a un trabajador firmar en blanco pueda acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho. Esas instancias conservarán en secreto dicha acusación, y en caso necesario se aportará como elemento probatorio preconstituido.

Asimismo, la Junta de Conciliación y Arbitraje realizará las pruebas grafotécnicas idóneas para determinar la validez del documento previo a su ratificación.

El legislador propone adicionar un párrafo al artículo 1006 de la LFT, para considerar como documentos falsos, aquellos que, a petición del patrón, hayan sido firmados en blanco o sin fecha determinada por el trabajador.

Sanción

Se proponen para los patrones sanciones de seis meses a cuatro años y multa de 125 a 1,900 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; tratándose de trabajadores, la multa equivaldría al salario que reciba en una semana.

La propuesta se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y precisa modificar las fracciones segunda de los preceptos 244 y 245 del Código Penal Federal, para incluir el término “empleo” como otro elemento que pueda resultar afectado por la firma de un documento en blanco que se le exija a un trabajador durante la contratación.

Apuntó que “es urgente prohibir en la legislación laboral estas prácticas ultrajantes, establecer garantías para que los trabajadores denuncien abusos de este tipo, sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de quienes solicitan empleo, incurren en este delito”.