Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se convirtieron en un mercado en el que bastaba que un trabajador asistiera, le pidiera ayuda a quien encontrara en las escaleras y conociera a las secretarias o al archivista para abrir un proceso. Sin embargo, la profesionalización de los litigantes y los integrantes de los tribunales laborales, motivada por la reforma laboral, acabará con estas actividades, advierte Ángel Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam).
“Es sabido que la justicia laboral era como un mercado, hoy se profesionaliza, se le da una estructura sólida, que si bien es cierto que se busca hacer rígida, al final del camino va a ser más clara y más segura, y lo que quiere el justiciable es certeza jurídica”, afirma Junquera en plática con El Economista.
Esto tiende a cambiar porque estamos frente a la profesionalización del sistema, enfatiza, “donde tanto jueces, magistrados, secretarios y abogados tendremos que prepararnos”. Y aunque es aventurado indicar cuánto tiempo le tomará a México tener bien implementada la reforma laboral, ésta tiene una ventaja, expone, la experiencia vivida con la reforma de justicia penal, la cual tuvo fallas en su transición.
Lo que es un hecho, puntualiza el presidente del Incam, es que México se encuentra ante un mejor sistema, aunque un gran pendiente para su implementación radica en el presupuesto que le destine la Cámara de Diputados a partir del próximo año. La autonomía presupuestaria del Poder Judicial, considera Junquera, sería más viable para la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
a tribunales laborales. La implementación tiene mucho camino por recorrer y la capacitación de los actores será clave.
“El Legislativo tiene que forzar a que exista una autonomía presupuestaria. Eso sí es un reclamo que hacemos los litigantes, porque México debe tener un Estado de derecho y éste sólo se da con equilibrio. Mientras el Poder Judicial dependa económicamente de la decisión que tome el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos una deuda grande con la legalidad”, agrega.
Retraso en materia laboral
El abogado reconoce que nuestro país estaba atrasado en materia de justicia laboral y pese a que la transición de la reforma no es sencilla, es acertada por que “hacía mucha falta”. Un primer paso que hay que dar, afirma, es incrementar el número de casos que se resuelvan por conciliación en las Juntas.
Además, desde hace muchos años México ha suscrito una serie de convenios que comprometen al país a mejorar las condiciones de legalidad, lo que implica generar un verdadero Estado de derecho democrático y equilibrio entre poderes.
Ángel Junquera explica que el cambio radical de la reforma laboral es que la impartición de justicia en la materia se desprende del Poder Ejecutivo y pasa a depender del Poder Judicial. El gran tema de la nueva Ley Federal del Trabajo, asegura, es el acceso a la justicia, más allá del sindicalismo.
“Todo será homologado al estándar de la Corte, por qué hablo de este estándar, porque los tribunales laborales van a tener el mismo modelo que tienen hoy los tribunales que conocemos y que han funcionado por más de 100 años muy bien; se van a sumar a esta metodología que resulta más profesional, sin duda, pero también da certeza jurídica”, puntualiza el especialista.
La nueva metodología, plantea el presidente del Incam, servirá para tener un mejor tratamiento frente a los trabajadores, porque es más serio el Poder Judicial que los tribunales administrativos actuales. Así, ante un nuevo esquema, agrega, no debería sorprender que exista un incremento en el uso del sistema de justicia laboral.
“De manera natural va a ir incrementándose el uso del servicio del sistema judicial. Lo estamos viendo, estoy 100% seguro que así será. El sentir de los trabajadores es que sea una buena opción y cuando tienes esa esperanza, la usas”, concluye.
*Con información de Factor Capital Humano
