Las acciones son parte del nuevo esquema de justicia laboral y democracia sindical presentado en días pasados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos
La Secretaría de trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará en 27% su plantilla de inspectores para poder cumplir con las nuevas obligaciones del nuevo esquema de justicia laboral y democracia sindical en el país.
De acuerdo con el plan de implementación de la reforma laboral, presentado por la dependencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el número de inspectores de la STPS pasará de 478 a 610. Además, el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá un equipo de 192 inspectores, el doble de lo contemplado inicialmente.
Con esto, se contará con una red de 1,129 funcionarios federales y locales para llevar a cabo las tareas de supervisión de empresas y sindicatos.
Sobre el tema de democracia sindical, las estimaciones de la STPS son que en los próximos tres años de implementación de la reforma laboral se tendrán que revisar entre 150,000 y 200,000 contratos colectivos de trabajo (CCT).
Los sindicatos están obligados por la LFT a modificar antes del 31 de diciembre sus estatutos para adecuarlos a las elecciones de dirigentes por el voto libre, directo y secreto de sus agremiados. Además, antes del 2023 tendrán que legitimar sus CCT, los que no pasen por este ejercicio democrático serán anulados.
La STPS proyecta que en este proceso de transición sus 610 inspectores participarán en la validación de 30,000 contratos colectivos de trabajo anualmente.
Esto será complementado con 3,600 inspecciones locales y 8,400 ratificaciones de notarios públicos. Así, entre el 2020 y 2023 se pretende dar el visto bueno a 42,000 contratos colectivos por año.
“Se ha previsto un escenario en el cual, debido a la baja participación de los sindicatos, el número de las inspecciones aumentará exponencialmente en el último año del plan de trabajo. Durante los primeros tres años, el número de inspecciones potenciales excede el número de las inspecciones programadas. Es hasta el último año cuando el número de las inspecciones excedería la meta anual definida por cada autoridad”, aclara la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde.
Nuevo modelo de justicia
Tener un nuevo modelo de justicia laboral le costará a México al menos 6,500 millones de pesos anuales una vez que opere en su totalidad, 30% más del presupuesto que recibe la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la actualidad.
La reforma a la LFT en materia de justicia laboral y democracia sindical promulgada el 1 de mayo contempla un programa de implementación gradual de cuatro años que comenzará con la creación del CFCRL a finales del 2019, organismo independiente que sustituirá a las juntas de conciliación y arbitraje.
El gobierno federal rediseñó el mecanismo presupuestal para implementar la reforma laboral para responder a las demandas de los legisladores demócratas estadounidenses. En suma, la STPS se comprometió a aumentar en 23% el presupuesto inicial que se tenía contemplado para este tema, lo que representa un gasto adicional de 3,500 millones de pesos.
Sólo el próximo año se gastarán cerca de 1,350 millones de pesos para la primera fase, 850 millones de pesos más de lo planteado inicialmente.
En la propuesta de Paquete Económico 2020 se consideraron 105 millones de pesos para la puesta en marcha del CFCRL, este presupuesto será casi duplicado para llegar a 195 millones de pesos. Además, para la apertura de los centros locales de conciliación se consideran aproximadamente 355 millones de pesos.
El otro gran eje del modelo será el paso de la justicia laboral del Ejecutivo al Poder Judicial. Este cambio será el que más recursos tendrá el Paquete Económico contempla 375 millones de pesos para la creación del Tribunal de Justicia Laboral. Esta cantidad será adicionada con cerca de 265 millones de pesos más para la implementación de los tribunales locales en 10 estados.
Otro componente del presupuesto de implementación es el que corresponde al trabajo de la STPS, que incluye recursos para inspecciones en los centros de trabajo, servicio de defensa de los trabajadores, entrenamiento de los funcionarios públicos y la operación de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que encabeza Esteban Martínez Mejía. Para estas tareas se comprometió una bolsa de 198 millones de pesos para el 2020.
*Con información de Factor Capital Humano
