La Reforma Laboral aprobada el pasado 1 de mayo de 2019 tiene un cronograma de implementación que implica una fuerte transformación que además responde a acuerdos internacionales que, particularmente, Estados Unidos estará observando muy de cerca, de ahí que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no afectará este proceso, afirmó el socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas S.C., Óscar de la Vega.
“Hay todo un programa, se tendrá que ir cumpliendo por los compromisos tanto nacionales como internacionales que se tienen”, subrayó.
LEE: CONCANACO PIDE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEGER EL EMPLEO
En ese sentido, el abogado experto en materia laboral recalcó que no es necesario volver a reformar la LFT como lo planteó la bancada de Morena y detalló que para hacer frente a la situación que estamos viviendo, la legislación mexicana ya contempla las figuras.
“De acuerdo con el artículo 427 fracción VII, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor y particularmente una pandemia, son hechos no imputables, no es responsabilidad ni de las empresas ni de los trabajadores, por lo que es una causa de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo”
Subrayó que el 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud anunció la suspensión de actividades con motivo de la contingencia sanitaria relacionada al COVID-19 y que a pesar de que la STPS asegure que no es oficial el paro, es suficiente para que las empresas se respalden con ello para solo cumplir con la indemnización establecida por el artículo 429 de la misma ley.
“No es congruente de que si es una causa ajena al patrón, se le responsabilice con el pago indebido con el pago de los salarios, durante el tiempo que dure la suspensión, dado que no es una suspensión atribuible al patrón, es una suspensión atribuible a un hecho de la naturaleza, a un hecho fortuito”.
No obstante, reconoció que las empresas y las relaciones laborales se verán sumamente afectadas por la pandemia, lo que implicará procesos de renegociación de las condiciones de trabajo.
Hizo un llamado a hacer un pacto social para convenir un marco nacional y garantizar un beneficio para todas las partes:
- el trabajador deberá sacrificar los ingresos en la mira de conservar el empleo
- los sindicatos deberán modificar y flexibilizar los contratos colectivos
- las empresas tendrán que aportar como parte de
- el gobierno tendrá que contribuir a asumir el costo de la crisis junto con los patrones
“Es un programa de tal magnitud que requiere de la cooperación o la colaboración de las diferentes partes”, “no puede ser que se endose o que voltee el gobierno a decir es un problema de los patrones y los patrones sean los que tengan que asumir el costo de esta crisis, es totalmente indebido, porque además es ilegal”, reiteró.
