En el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se determina la responsabilidad administrativa del servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implementación de la alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.
En México, cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación; en lo que va de 2020 hay más de 2,500 carpetas de investigación por violencia de género, 24,000 por abuso sexual, 4 ,500 por acoso y 1,500 por hostigamiento.La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres.
Mencionó que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48% de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.
