Entrevistas de trabajo: Diputado de Morena propone controlar
las ofertas laborales

A través de un boletín, el diputado Favio Castellanos Polanco de Morena impulsó una iniciativa para crear un sistema nacional de registro y verificación de ofertas y entrevistas laborales seguras, como mecanismo de carácter obligatorio para garantizar la autenticidad, trazabilidad y seguridad en los procesos de reclutamiento y selección de personal en México. 

La propuesta cobra mayor relevancia tras lo sucedido el pasado 15 de abril, cuando Edith, joven de 21 años, acudió a una entrevista de trabajo en Ciudad de México y fue encontrada sin vida dos días después en el mismo edificio donde era la supuesta “reunión” laboral. 

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Dicha iniciativa que adiciona la Ley Federal del Trabajo (LFT) plantea que toda persona física o moral que publique, difunda o promueva una oferta de empleo deberá registrarse previamente en dicho sistema, proporcionando información veraz, actualizada y comprobable relativa a:

• Nombre
• Denominación o razón social
• Domicilio fiscal y/o del centro de trabajo
• Actividad económica
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Medios de contacto oficiales
• Otros datos que establezcan las disposiciones aplicables 

¿Qué establece la iniciativa del diputado Favio Castellanos de Morena?

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Permanente, propone que las ofertas de empleo contengan información clara, suficiente y verificable sobre la descripción de las funciones del puesto, condiciones generales de trabajo, ubicación del centro laboral o modalidad de prestación del servicio, tipo de contratación, remuneración o rango salarial, y requisitos del puesto. 

Asimismo, también incluye que las entrevistas laborales deberán realizarse en condiciones que garanticen la seguridad, dignidad e integridad de las personas aspirantes. 

Por otro lado, prohíbe citar a entrevistas en domicilios distintos a los registrados en el sistema, solicitar pagos, depósitos, contraprestaciones o cualquier beneficio económico como condición para participar en el proceso de selección, requerir información personal sensible que no esté directamente relacionada con el puesto, realizar conductas que constituyan hostigamiento, acoso, cualquier forma de violencia o acto que pueda constituir fraude o abuso en perjuicio de las personas aspirantes.

Además, da la facultad a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como la autoridad responsable de la operación, supervisión y actualización del sistema nacional, así como de la emisión de las disposiciones de carácter general para su funcionamiento; podrá coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales, así como con plataformas digitales y entidades del sector privado para el cumplimiento de sus atribuciones.

El diputado de Morena explicó que en los últimos años el proceso de búsqueda de trabajo se ha convertido en un espacio de riesgo, particularmente para jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, pues el auge de plataformas digitales, redes sociales y anuncios informales de reclutamiento ha generado un entorno en el que la publicación de ofertas laborales carece de controles mínimos de verificación.

¿Cómo ha afectado la falta de regulación de las ofertas laborales?

El diputado Castellanos mencionó que la falta de regulación ha sido aprovechada por grupos delictivos para simular oportunidades de empleo y, a partir de ello, cometer delitos de alto impacto. 

Hay ofertas de empleo atractivas, entrevistas en lugares poco verificables y ausencia total de trazabilidad sobre quién convoca, dónde se realiza la entrevista y bajo qué condiciones.

Aunado a que recientes investigaciones de organizaciones civiles han advertido sobre la utilización de redes sociales para la captación de personas mediante engaños laborales, especialmente en sectores como seguridad privada, ventas, modelaje o trabajos administrativos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía una proporción significativa de personas jóvenes accede a su primer empleo a través de medios informales, lo que incrementa su exposición a riesgos. 

“El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que la búsqueda de empleo no se convierta en una puerta de entrada a la violencia, la desaparición o la explotación; representa un paso firme hacia la construcción de un entorno laboral más seguro, transparente y digno”, concluyó.

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