Las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo de cobranza social que incentiva el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegia la conservación del patrimonio del acreditado y le otorga soluciones accesibles en caso de quedarse sin empleo o que tenga dificultades para pagar.
El director general, Carlos Martínez Velázquez, explicó que ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían, que derivaron en un incremento de 328% en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36,000 millones de pesos) con respecto al periodo 2007-2012 (8,400 millones de pesos).
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Bernardo Altamirano Rodríguez, subdirector de Administración de Cartera, explicó que, para frenar este gasto excesivo, en la nueva administración del Infonavit los despachos serán contratados con base en criterios de competencia, transparencia y eficiencia económica, por lo cual entre mayo y agosto del presente año se realizó una licitación inédita en la historia del Instituto.
Por su parte, el subdirector general de Administración y Recursos Humanos, Luis César Priego Valdez, precisó que, por un lado, se eliminó del proceso licitatorio a dos despachos que están siendo investigados por la Auditoría del Infonavit debido a su participación en el litigio de los llamados “juicios masivos”; y por el otro, entre las cláusulas de participación de esta licitación se incluyó una de “independencia”, que indica que el monto del contrato no puede superar el 25% de los ingresos totales de cada participante, “en otras palabras, el Infonavit no debe ser el único cliente del proveedor o consorcio participante”.
Los beneficios del nuevo esquema de cobranza social, explicó Rogerio Castro, titular de la Secretaría General y Jurídica del Instituto, son:
- Apoyo a los acreditados con dificultad de pago, para que preserven su patrimonio.
- Soluciones de cobranza accesibles y financieramente viables.
- Administración de la cartera que permita recuperar los créditos hasta su liquidación, sin perder de vista la misión social del instituto.
- Identificación de aquellos créditos que recién perdieron el empleo o han caído en impago.
- Contacto inmediato con el acreditado para evitar que pierdan el hábito de pago.
- Incentivos al pago continuo y oportuno de los acreditados.
- Mediación como un mecanismo alternativo para la solución de controversias.
- Soluciones administrativas mediante apoyos de reestructura para evitar un mayor deterioro.
- Reasignación de las viviendas recuperadas a nuevos acreditados.
- Evitar procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en una eventual afectación del patrimonio de los acreditados.
