La iniciativa para reformar el sistema de pensiones impulsada por el Ejecutivo federal no contempla el uso de recursos públicos, por tanto, su discusión se programará hasta después de la aprobación del Paquete Económico 2021, es decir para finales de noviembre, adelantó la diputada Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El martes 29 de septiembre, la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri (PRI), turnó el proyecto del gobierno federal a la Comisión de Hacienda, además dispuso que la de Seguridad Social lo analizara pero solo para dar su opinión, razón por la que la presidenta de esta segunda instancia legislativa, Mary Carmen Bernal Martínez (PT), solicitó la ampliación del turno para que la iniciativa sea dictaminada en conjunto.
Se trata de una reforma muy importante, con obstáculos económicos para que beneficie de manera más amplia a la población, coinciden ambas legisladoras en entrevista con El Economista.
Ante la relevancia de la reforma será oportuno llevar el tema a un parlamento abierto, expresó Patricia Terrazas.
Además, si bien la iniciativa fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y enviada desde el Ejecutivo, “es una propuesta del sector empresarial”.
En su opinión, “el gobierno federal le metió mano a la iniciativa. Pero no para mejorarla, sino para imponer sus reglas en las comisiones. Todo el dinero lo pone el empleador, ni siquiera el trabajador”. Si no se contemplan recursos públicos, entonces “no hay necesidad de apresurar su discusión”.
La prioridad para la Comisión de Hacienda es el Paquete Económico 2021, subrayó. La fecha límite para definirlo es el 15 de noviembre.
“Tenemos tiempo suficiente, porque la iniciativa entraría en vigor hasta el 2022. Apresurar su aprobación podría llevarnos a cometer errores”.
Para evitarlo, aseguró, el proceso legislativo tiene que ir acompañado de un parlamento abierto, con la opinión de personas expertas y donde se escuche a quien construyó esa iniciativa, que es el sector empresarial.
Pros y contras
“No entendemos por qué la mesa directiva no consideró determinante la participación” de la Comisión de Seguridad Social, señaló la diputada Mary Carmen Bernal. “Debimos haber ido en comisiones unidas. Incluso se debió integrar a la Comisión del Trabajo y Previsión Social”.
La legisladora del PT envió ya un oficio a la mesa directiva para solicitar la ampliación de la dictaminación y espera recibir una respuesta positiva esta misma semana. La reforma del sistema pensionario es un tema muy importante, enfatizó. “Y es también un asunto de seguridad social, no sólo económico”.
Sin embargo, en lo que respecta a este segundo punto, “el panorama no es alentador”, expresa la diputada petista. La crisis económica a causa de la pandemia de Covid-19 ha cambiado la situación no sólo en México, sino en el mundo. A pesar de ello, “este gobierno aceptó tomar el reto que otros habían dejado del lado perjudicando a la población”.
La disminución de las semanas de cotización y una mayor aportación patronal son, a su juicio, los puntos más relevantes de la propuesta. Así como la disminución de las comisiones que cobran las administradoras de ahorros, “que son de las más altas a nivel mundial”, agregó.
“Me encanta que por fin se está tocando el tema”, consideró la diputada Patricia Terrazas. “Hasta ahora los gobiernos no habían asumido la responsabilidad de pagar el costo de hacer esa reforma”.
Pero una sus deficiencias, señala, es que en el mejor de los casos, “se beneficia sólo 30% de los trabajadores”. Otra es que el aumento de las aportaciones sólo es para los patrones. “Para tener una pensión digna, tiene que venir también del trabajador y del gobierno”.
Apuntó que no es el Ejecutivo quien debe regular el mercado de las administradoras. “Se corre el riesgo de que la oferta se haga chica y no haya muchas opciones, eso crearía otro problema”, advirtió la panista.
Con información de El Economista.
