El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) obtuvo la ratificación de sus calificaciones de riesgo crediticio en escala nacional y global otorgadas por S&P Global Ratings, derivado de la reforma recientemente anunciada.
La nota de la evaluación nacional se mantuvo en “mxAAA” con perspectiva “Estable”, la más alta asignada por la agencia calificadora; lo que confirma la solidez financiera del Infonavit para seguir atendiendo las necesidades de vivienda de las y los trabajadores de México y contribuir al abatimiento del rezago habitacional en línea con el Programa Nacional de Vivienda (PNV).
La calificadora explicó que las notas del Instituto encuentran fundamento en las expectativas que se tienen de la reforma a la Ley del Infonavit, la cual prevé aumentar la flexibilidad de las líneas de financiamiento y generar nuevos productos que cubran las necesidades sociales, como la compra de suelo y el pago de pasivos, además de fortalecer la transparencia y favorecer la inclusión financiera de todas las y los trabajadores, incluso aquellos que no cuentan con una relación laboral vigente.
En este sentido, la agencia calificadora destacó que el Instituto es el principal brazo del gobierno para implementar la política de vivienda, con una participación en el mercado hipotecario de alrededor de 61% en términos de número de créditos.
Por otra parte, ante los riesgos originados por la emergencia sanitaria por Covid 19, S&P Global Ratings señaló que programas como Apoyo Solidario Infonavit, que en su primera etapa ofrece a las y los acreditados con créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) descuentos en mensualidades de entre 75% y 25%, y Borrón y Cuenta Nueva ayudarán a mitigar durante los siguientes meses el deterioro de los activos, reestructurando alrededor del 12% del total de los financiamientos en el portafolio.
En línea con lo anterior, la agencia calificadora consideró que la estructura de fondeo del Instituto se mantiene como una de sus principales fortalezas, con una amplia capacidad de cobro fiscal de las aportaciones patronales, para mantener niveles de capital y liquidez sólidos y estables en los próximos 24 meses; condiciones necesarias para seguir garantizando el derecho a la vivienda y atender las necesidades reales de las y los trabajadores.
