Pese a los 43 votos en contra de la iniciativa, el proyecto fue avalado por la Cámara alta
El Senado aprobó el proyecto de decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la iniciativa tiene el objetivo de asegurar una pensión digna para los trabajadores, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad económica; sin embargo, la iniciativa estuvo en vuelta de polémica, pues legisladores del PAN-PRI-PRD argumentaron que con el proyecto existe el riesgo de "expropiación" de los recursos administrados por las Afores.
El pleno del Senado aprobó la medida con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones. El proyecto modifica varias leyes, incluyendo el Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otros.
De acuerdo con la iniciativa, el Fondo de Pensiones para el Bienestar será gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público, con el Banco de México como fiduciario.
Un Comité Técnico será responsable de emitir las reglas de operación sobre la administración, inversión y distribución de recursos, además de la supervisión del rendimiento neto de las inversiones realizadas.
Una de las características clave de este fondo es que las administradoras de fondos para el retiro (Afores) deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de los trabajadores que cumplen 70 años y no ejercieron su derecho a recibir los recursos, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para los trabajadores del Estado, esta transferencia se realizará cuando cumplan 75 años.
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Discusión en lo particular
La propuesta, aprobada en lo particular con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.
El proyecto establece que los recursos acumulados en las cuentas individuales no podrán ser objeto de pérdida, caducidad o prescripción.
Señala que persisten brechas y retos en cuanto al nivel de la pensión que recibirán las personas cuyos recursos dependen de la permanencia en los empleos formales y de las tasas de ahorro obligatorio que, durante 23 años, entre 1997 y 2020, se mantuvieron bajas en alrededor de 6.5 por ciento del salario base de cotización.
El proyecto fue objeto de controversia y debate en el Senado. Los grupos de oposición expresaron sus preocupaciones sobre la falta de información a los trabajadores y posibles implicaciones negativas del fondo.
La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, sugirió que el fondo es parte de un plan de "robo a los adultos mayores", y la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del PRI, enfatizó la necesidad de campañas informativas para evitar que el gobierno se apropie de recursos privados.
Otros senadores, como Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, consideraron que el verdadero debate sobre pensiones debería centrarse en una reforma fiscal y hacendaria.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado tanto en lo general como en lo particular y fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aclaró que cualquier ajuste realizado será únicamente de técnica legislativa y no alterará el texto normativo aprobado.
Los senadores Damián Zepeda Vidales y Julen Rementería del Puerto, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, expresaron su oposición a estos ajustes, indicando que se debe respetar el texto aprobado por la Asamblea.
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