Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la negligencia médica ocurre cuando el personal de salud no actúa con el cuidado, habilidad o diligencia que exige su profesión, lo que puede derivar en daños o lesiones para el paciente. Este tipo de fallas, que incluyen desde diagnósticos incorrectos hasta tratamientos inadecuados o la omisión de atención necesaria, representa una vulneración al derecho humano a la salud.
Cuando una persona es víctima de negligencia médica, la reparación del daño no debe centrarse únicamente en el momento en que se produjo la atención deficiente, sino también en todas las consecuencias que dicha falta hubiese desencadenado a lo largo del tiempo. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una jurisprudencia clave, que se detalla a continuación:
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Alcances del criterio judicial
El criterio descrito tiene importantes efectos e implicaciones para los trabajadores y sus beneficiarios, ya que garantiza que la reparación del daño no se limite únicamente al inicial, sino que abarque todas las secuelas físicas, emocionales, económicas y sociales a causa de la violación al derecho a la salud, incluyendo aquellas que se manifiesten a largo plazo.
Esto significa que los colaboradores y sus familias tienen derecho a recibir una reparación integral que incluya tanto los daños directos como los secundarios o posteriores, evitando así una interpretación restrictiva que limite el acceso a una justicia plena.
Además, reconoce expresamente que los familiares de la víctima directa, como padres o tutores, también pueden sufrir daños físicos y morales, por lo que deben ser reparados, ampliando el marco de protección y responsabilidad institucional.
Para los organismos de salud como lo es el IMSS, implica una obligación de seguimiento y atención continua, para prevenir que las afectaciones se agraven o prolonguen. De esta manera se garantiza que la atención médica no solo sea adecuada en el momento inicial, sino que se mantenga en el tiempo para evitar consecuencias adicionales.
Finalmente, este criterio puede tener un impacto positivo en las políticas públicas y normativas del sector salud, incentivando mejores prácticas médicas y protocolos más rigurosos que busquen minimizar negligencias y asegurar la protección efectiva del derecho a la salud.
