La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, en la que se impugnaron diversas reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), relacionadas con la reducción del aguinaldo de personas pensionadas y ligadas a prestaciones que puedan estar sujetas a la capacidad financiera del organismo.
El Pleno analizó si estas modificaciones vulneraban el derecho humano a la seguridad social y el principio de no retroactividad. Como resultado, se avaló parcialmente la reforma, al tiempo que invalidó los artículos 128 y 128 Bis de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas por considerar que ponían en riesgo desproporcionado los derechos de las personas trabajadoras y pensionadas.
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¿Cuál fue el problema que llegó a la Corte?
La reforma impugnada modificó el artículo 74 de la ley local para reducir de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a las personas pensionadas del ISSSTEZAC. Además, se incorporaron disposiciones que permitían condicionar el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones a la “capacidad financiera” y a la “reserva técnica” del Instituto.
Las acciones promovidas ante la Corte sostuvieron que estas medidas implicaban un retroceso en materia de seguridad social y abrían la puerta a que el Estado dejara de cumplir sus obligaciones pensionarias bajo argumentos presupuestales.
¿Qué resolvió la SCJN sobre la reducción del aguinaldo?
El Pleno concluyó que la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días no es inconstitucional por sí misma, al considerar que puede responder a fines legítimos, como la sostenibilidad financiera del sistema pensionario.
Sin embargo, la Corte estableció como límite que esta medida solo puede aplicarse hacia el futuro, es decir, exclusivamente a las personas que comenzaron a cotizar después de la entrada en vigor de la reforma publicada el 10 de agosto de 2024.
En consecuencia, la reducción no puede afectar:
- A personas ya pensionadas
- A quienes tengan un trámite de pensión en curso
- A trabajadores que ya se encontraban cotizando antes de la reforma
Para todos estos supuestos, deben mantenerse las condiciones vigentes al momento en que se generaron sus derechos.
¿A quiénes sí aplica el nuevo esquema?
La SCJN precisó que únicamente las personas trabajadoras que se incorporen al sistema del ISSSTEZAC con posterioridad a la reforma de 2024 estarán sujetas al nuevo régimen que prevé un aguinaldo de 30 días.
Esto significa que el cambio es constitucional solo como regla de ingreso al sistema y no como modificación a derechos previamente adquiridos.
¿Qué artículos fueron invalidados y por qué?
Además de pronunciarse sobre el aguinaldo, la Corte invalidó los artículos 128 y 128 Bis de la ley local, que condicionaban el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones del Instituto a su situación financiera.
Artículo 128. El otorgamiento de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones del ISSSTEZAC, estará sujeta a su capacidad financiera. En caso de que el ISSSTEZAC se coloque en estado de quebranto financiero, se basará en estudios técnicos y actuariales, para proponer las modificaciones necesarias para recuperar su estabilidad financiera.
Artículo 128 Bis. Para cumplir con la política de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y administrarlos conforme a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como para evitar las deudas, subsidios, avales o garantías, que imposibiliten un manejo sostenible de las finanzas públicas del ISSSTEZAC, el otorgamiento de las prestaciones sociales y el cumplimiento de sus obligaciones estarán a cargo de la reserva técnica del ISSSTEZAC conforme a su capacidad financiera, observando en todo momento la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás normativas aplicable.
El Pleno sostuvo que no es constitucional hacer depender el acceso a derechos de seguridad social de factores financieros indeterminados, ya que ello permitiría a la autoridad dejar de cumplir sus obligaciones con base en criterios discrecionales o presupuestales, lo que invalidaría el derecho a la seguridad social.
Alcances de la sentencia
Con esta resolución, la SCJN fijó dos criterios relevantes, por un lado, los sistemas de pensiones pueden ser reformados para buscar viabilidad financiera, pero únicamente hacia el futuro y sin afectar derechos consolidados.
Por otro, el cumplimiento de prestaciones no puede quedar sujeto a la disponibilidad de recursos del organismo administrador, ya que el Estado no puede quedar en quebranto y en todo caso, debe agotar todos los recursos disponibles para cumplir con su obligación en materia de seguridad social para no trasladar las pérdidas a los trabajadores.
Pero, ¿el patrón puede reducir el aguinaldo extralegal?
En la práctica, los empleadores pueden otorgar prestaciones superiores a las mínimas previstas en la ley a sus trabajadores activos, como un aguinaldo mayoral establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Sin embargo, dicho monto puede modificarse a la baja cuando exista una causa económica que lo justifique, siempre que se respete el mínimo legal de 15 días de salario y medie la voluntad expresa del trabajador.
Para ello, resulta indispensable formalizar el cambio mediante un convenio modificatorio del contrato de trabajo o, en caso de no alcanzarse un acuerdo, a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica ante el Tribunal Laboral competente.
Si el aguinaldo se reduce unilateralmente, sin el consentimiento del trabajador, este puede rescindir la relación laboral con causa justificada y reclamar el pago de la indemnización constitucional, consistente en tres meses de salario diario integrado y 20 días por cada año de servicios (arts. 51, 50 y 52, LFT).
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