México y Canadá rechazaron una propuesta del gobierno de Estados Unidos la cual busca que el sistema corporativo de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) sea optativo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el diario The Wall Street Journal.
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Ante ello, las autoridades mexicanas y canadienses se proclamaron por eliminar la disposición de los paneles de arbitraje y formar su propio pacto bilateral, en lugar de ser parte de un sistema donde diferentes países tienen diferentes derechos.
El diario destacó que diversas fuentes cercanas a las negociaciones apuntaron que el objetivo es que la adhesión al sistema sea optativa y el país decida si se acoge o no a este mecanismo; sin embargo, ello “podría llevar a su eliminación completa (…) debido a que, a juicio del gobierno estadunidense, perjudica su soberanía al permitir que empresas multinacionales eviten los tribunales nacionales”, pues actualmente este sistema atiende las denuncias respecto a que las inversiones en el extranjero fueron tratadas injustamente por las contrapartes.
“El sistema está ampliamente respaldado por empresas multinacionales porque les permite evitar largas batallas judiciales y un trato potencialmente discriminatorio en el extranjero”; no obstante, este es uno de los temas “más espinosos de las negociaciones del TLCAN, y se espera que esté entre los últimos que sean resueltos si los negociadores tienen éxito en renegociar el acuerdo”.
Asimismo, las fuentes apuntaron que México y Canadá “no aceptarán la propuesta de exclusión voluntaria porque si EU abandonara el sistema, como es de esperar, protegería a las compañías estadunidenses al permitir que sus reclamos se dirijan al arbitraje” y no se permitiría a las empresas mexicanas y canadienses utilizar el sistema en contra del gobierno de Estados Unidos.
No obstante, el diario explicó que “la posibilidad de desmantelar el sistema ha preocupado a las grandes compañías, que están promoviendo su preservación al presionar a los legisladores de Estados Unidos”, pues el sistema es apoyado por los inversionistas en proyectos a largo plazo y que podrían verse vulnerados ante los cambios políticos internos.
