Es práctica común que las autoridades revisen a las empresas para verificar, entre otros aspectos el origen de la mercancía, el valor declarado en la aduana, la legal tenencia de los activos fijos e insumos, la observancia de regulaciones y restricciones no arancelarias; y en cuanto a las IMMEX, la correcta aplicación del programa, el retorno de importaciones temporales en los plazos previstos.
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Esto lo pueden llevar a cabo –en el ejercicio de sus facultades de comprobación–mediante diversos esquemas; entre ellos, las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete las cuales están previstas en el CFF, y tienen entre otros propósitos, cotejar y conciliar la documentación que acredita la legal estancia o tenencia de la mercancía o activo fijo con los registros contables o con las existencias físicas (inventarios) en la compañía.
Por otra parte, en materia de certificación de origen también pueden ejercer “verificaciones de origen” para comprobar la procedencia de las preferencias arancelarias que hubieran sido aplicadas por los importadores en el marco de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales suscritos por nuestro país con diversas naciones.
Para estos efectos, la autoridad nacional puede: formular solicitudes a la de esos países, practicar cuestionarios o visitar directamente a los exportadores o productores para asegurarse que los bienes “que ingresaron al país un certificado de origen”, cumplen con las reglas de origen del instrumento comercial de que se trate.
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