La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge urgió al SAT abstenerse de realizar cobros por derechos retroactivos a las empresas maquiladoras, para obligarlas a renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior.
Aseveró que se obliga a estas organizaciones a pagar por medio de interpretaciones discrecionales a la legislación vigente y de las normas fiscales, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.
A través de una propuesta con punto de acuerdo, la legisladora del PAN también exhortó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a que emita a la brevedad una recomendación y opinión colegiada sobre esos cobros ilegales.
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Señaló que en la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior publicada el 9 de mayo de 2016, quedaron especificados los requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.
Con ese cambio, precisó, se creó el Esquema Integral de Certificación de Empresas para prever las facilidades, tanto fiscales como de operación aduanera, que promueven la competitividad de las empresas, lo cual permite realizar la solicitud para la aplicación de un crédito fiscal equivalente al 100% de la cantidad que deba pagarse por concepto del IVA y el IESPS.
Por lo anterior, la condonación de impuestos se puede aplicar por introducción a territorio nacional de mercancías bajo los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; para la elaborar, transformar o reparar en recinto fiscalizado; y para el llamado recinto fiscalizado estratégico.
No obstante, denunció, actualmente el SAT está pidiendo el pago retroactivo de derechos a las empresas maquiladoras para renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en Comercio Exterior que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores.
Además, la autoridad fiscal ha reiterado y amenazado que de no pagar, las empresas perderán su registro y beneficios de certificación que lograron, para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014.
Esto es, aseguró, a todas luces, una medida ilegal que va en contra de ese sector empresarial, sobre todo en la actual situación económica que vive el país, donde se necesita incentivar a la industria nacional para privilegiar la creación de empleos y la certidumbre en el sector productivo.
La propuesta fue turnada, de manera directa para estudio y trámite correspondiente, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
