Desde 2012 a la fecha, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) sigue desempeñando un papel importante como autoridad fiscalizadora del SAT; basta recordar las facultades de comprobación –posteriores al despacho aduanero– que en materia de comercio exterior lleva a cabo, tales como, ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones de origen y demás actos previstos en las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar su observancia por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones.
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Esto aunado a las funciones que tiene para revisar y comprobar las operaciones en las que se despachan ante la aduana, entre otros bienes, joyas y obras de arte; vehículos, barcos o aviones; máquinas de juego; materiales para la elaboración de tarjetas de crédito o débito, y materiales de blindaje, las cuales están consideradas una actividad vulnerable y que deben informar los agentes y apoderados aduanales autorizados a la SHCP, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –LFPIORPI–.
Por otra parte, la AGACE también se encarga de autorizar el registro del despacho de mercancías y el de empresas certificadas, previo cumplimiento de requisitos y formalidades establecidas al efecto; e incluso de su renovación y cancelación.
Hay que considerar que estas inscripciones se encuentran sujetas al pago de derechos ($ 7,748.00 y $ 35,575.00, respectivamente), cuya recaudación se destina al SAT, esto, al corresponder los trámites a la AGACE.
Todo ello está sustentado en los artículos 25 y 51 del RISAT; 17 de la LFPIORPI; 100 y 100-A de la Ley Aduanera; y 40 de la Ley Federal de Derechos.
