La titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Marcela Andrade Martínez, señaló que las entidades del país deberán cumplir con los límites de deuda que fijará la dependencia en el presupuesto de 2018 independientemente de que sea un año electoral.
“Haya o no elecciones tienen que cumplir la Ley". En 2016 inició la aplicación de los lineamientos de contratación de deudas -para los estados y CDMX- y las reglas de presupuesto de gasto 2017 para entidades y para los municipios en 2018, precisó la funcionaria.
Destacó que el sistema de alertas, que fijará el límite de financiamiento que pueden tomar los estados a partir de 2018, se publicará el próximo 30 de junio y ello hará que los estados generen sus presupuestos de 2018 con base en estos resultados; mientras se deberá publicar los rangos del Semáforo de Endeudamiento (rojo, amarillo o verde) con los siguientes valores de deuda: “elevada”, “en observación” o “sostenida”.
Para la emisión del sistema de alertas, los estados tienen a más tardar hasta el 31 de mayo para presentar su información a la dependencia, para que durante junio está realice el análisis correspondiente.
La Ley de Disciplina Financiera, la Ley General de Contabilidad y la reforma anticorrupción forman parte de “un rompecabezas de tres partes” que evitará que se vuelvan a presentar elevados endeudamientos en las entidades como fue en Chihuahua o Veracruz, derivados de actos de corrupción de los gobernadores.
Deuda no para
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, reveló que en los últimos tres años la deuda del sector público se incrementó cinco veces más rápido que el crecimiento de la economía y tres veces superior a la observada en los ingresos presupuestarios.
“El aumento de la deuda pública y su costo financiero, se han convertido en una carga para las finanzas públicas, cuyos efectos se han agravado con el aumento de las tasas de interés y la depreciación de la moneda nacional, sobre todo en los tres últimos años (…) de continuar con esta relación desfavorable entre la deuda, los ingresos, el crecimiento económico y la composición del gasto, se podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”, de acuerdo con el documento “Deuda Pública en México 2010-2016”.
Así el crecimiento del pasivo se duplicó entre 2010 y 2016 en su componente externo en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y en su parte interna lo hizo en casi una tercera parte, por lo que para limitar el continuo crecimiento, se tendrán que fortalecer los ingresos presupuestarios, debido a que no se prevén recibir los ingresos no recurrentes provenientes del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), que en 2016 figuraron 5% del presupuesto aprobado.
Con una eventual reducción de los montos de endeudamiento, se deberá robustecer el sistema tributario y los controles al gasto para lograr mantener una relación saludable en las finanzas públicas; sin embargo, “no existe información sobre el destino específico que se da a los recursos provenientes del financiamiento, la evidencia estadística de las relaciones entre la deuda y los conceptos de gasto público” lo que evidencia la falta de atención estricta en el tema de deuda.
El uso del endeudamiento como un instrumento contracíclico en respuesta a la crisis de 2009, dio lugar a su crecimiento; no obstante, este aumento no se vio reflejado en un mayor gasto de inversión física que generara un desarrollo económico en el país.
De igual forma, se consideró que la composición del gasto no es la adecuada para retomar el crecimiento de la economía y enfrentar la realidad social (desigualdad, pobreza y creación de fuentes de empleo) ya que se privilegia el gasto corriente y se delega la inversión productiva, y en consecuencia tuvo una reducción del gasto en inversión física del 3% en los últimos tres años.
Cabe señalar que existen componentes del gasto con incrementos sostenidos que triplican el crecimiento de la economía en los últimos años y se espera dicha tendencia en los rubros de pensiones y el costo financiero; es decir, no se mejoraron las condiciones para el pago de las obligaciones financieras del país y por ello, el objetivo es reducir los niveles de deuda, mantener finanzas públicas sanas y conservar el grado de inversión que emiten las calificadoras de riesgo como parte de la estrategia de Consolidación Fiscal.
Con información de Notimex y Cámara de Diputados
