El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseveró que resulta preocupante que se considere incumplir con el plazo constitucional del 18 de julio para completar el proceso de integración total del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que generaría retrasos injustificados en el inicio de las funciones de trabajos.
“Es urgente constituir los órganos necesarios para la operación del Sistema, dotándolos de autonomía; con procesos de selección participativos y fortalecerlos, sobre todo sus mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Hoy, un gran porcentaje de las entidades federativas no ha cumplido con esta responsabilidad”, acusó.
Además señaló que los políticos deben entender que ésta no es una concesión generosa a los mexicanos, un trámite más que debe cubrirse o incluso una oportunidad para cambiar las cosas en apariencia sin que nada cambie en la realidad. “No sólo la ley demanda, es la sociedad la que exige que las cosas se hagan y se hagan bien. No hay tiempo ya para más parches”.
Advirtió que existen pendientes en casi todos los rubros del proceso de construcción del Sistema y por ello pidió voluntad decidida de todas las partes, sin mezquindades ni descalificaciones.
“El Sistema Nacional Anticorrupción surgió como respuesta a uno de los problemas más apremiantes en el país: la corrupción y la impunidad que dañan la confianza ciudadana, obstaculizan el desarrollo económico y debilitan nuestras instituciones”, puntualizó.
Detalló que no se han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, aún no se ha nombrado al fiscal anticorrupción y no se han asignado recursos para su puesta en marcha, entre muchos otros aspectos.
Consideró urgente que se nombre un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares, que brinde certidumbre y confianza al Sistema, y que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al Fiscal General.
También consideró necesario que se designen de manera transparente y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y se liberen los recursos para que el Comité de Participación Ciudadana pueda llevar a cabo regularmente sus atribuciones y actividades que le han sido asignadas.
Con información de Notimex y CCE
