El gobierno español considera que su país continua siendo un blanco del terrorismo, en especial de los yihadistas, por ello está intentando evitar la entrada de posibles atacantes y tratando de acelerar el proceso de implementación de un nuevo programa para conseguir ese objetivo.
Con Passenger Name Record (PNR), las autoridades ibéricas pretenden que los terroristas no accedan a su país en vuelos regulares, es así que intentarán recopilar la mayor cantidad de datos sobre ellos antes de su llegada.
Se espera que el programa esté activo a mediados de 2018, aunque puede que sea antes de lo previsto, y funcionará de la siguiente manera:
- se recopilarán datos de los pasajeros que vayan a pisar suelo español por medio de los aeropuertos
- a través de inteligencia artificial buscarán información sobre ellos en Internet, para comprobar si existe algún vínculo con organizaciones criminales o terroristas
La primera etapa será manejada por la Unión Europea, pues las aerolíneas estarán obligadas a proporcionar información a los Estados miembros, como:
- fecha de reserva y emisión del boleto
- fecha del viaje
- nombre completo e identificación
- dirección
- correo electrónico
- número de teléfono
- datos de pago
- agencia de viajes, e
- información del equipaje
Por lo que hace a la segunda fase, cada país tendrá que decidir cómo utilizará esos datos para posteriormente encontrar en Internet evidencias de un posible vínculo con actividades terroristas. En España, un software será el encargado de gestionar los datos del PNR y cruzar la información con otras bases de datos. Al rastrear en Internet, el gobierno español considera que la búsqueda incluirá Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube y Google Plus.
El PNR no ha tenido un camino fácil, ya que el texto original de la Unión Europea encontró 836 enmiendas, a cargo de diversas organizaciones y agencias de protección de datos que consideraban que esta es una recopilación ilícita de información privada de cualquier ciudadano. Sin embargo, los recientes atentados han llevado a que la política europea se incline más por la protección que por la privacidad, nuevamente.
