C.P.C. y P.C.C.A.G. Rosa María Cruz Lebros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México AC; Lic. Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México AC; Dr. Miguel Ángel Mesa Carrillo, Magistrado de la Sexta Sala Civil, ponencia dos, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
En noviembre pasado se realizó en la Ciudad de México el Foro de IDC. En este evento se ofrecieron más de 17 pláticas en torno a problemáticas jurídicas, laborales y fiscales que afectan a las empresas en su vida diaria.
En esta oportunidad presentamos a nuestros lectores una breve reseña de las pláticas efectuadas durante el mismo, con el objeto de compartirles la experiencia vivida y que vislumbren sus repercusiones en un futuro cercano.
La apertura del Foro se llevó a cabo con la tradicional mesa redonda en la que se abordó el tópico de “La sobrerregulación jurídica otorga certeza o inhibe la movilidad comercial”.
En la introducción del tema a debate se manifestó que la regulación es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad: promueve la eficacia del mercado, protege los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos. Pero cuando la creación de normatividad parece innecesaria y excede sus propósitos, genera costos a las empresas y surgen quejas sobre el tiempo que se dedica para su cumplimiento y el de los trámites burocráticos lentos y engorrosos que implica, además de crear incertidumbre jurídica y desalentar la inversión al imponer obstáculos innecesarios, principalmente a las pequeñas empresas; y menoscabar la calidad de los servicios gubernamentales.
El problema de la sobrerregulación es común en muchos países, la OCDE lanzó un programa específico de mejora regulatoria desde la década de los 80´s. El programa más detallado lo llevó a cabo en el 2002.
En nuestro país existen un sinnúmero de leyes, reglamentos y normas cuyo denominador común es el establecimiento de condiciones y restricciones en la realización de ciertas actividades. La regulación en México se ha extendido tanto que se desconoce con precisión su magnitud.
Según datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), al 31 de octubre de 2016, el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios tenía un inventario de 6,185 trámites. Al inicio de la administración del presidente Peña Nieto, el costo económico de la carga regulatoria equivalía al 4.25 % del PIB, y a fines de 2016 se logró disminuir al 3.16 % del PIB; esta cifra difiere de la del Consejo Coordinador Empresarial que indica que es entre 7 y 8 % del PIB.
Aunado al cúmulo de ordenamientos federales, tenemos también la llamada gobernabilidad regulatoria multinivel, lo que da lugar a convergencia o concurrencias de normas, es decir que dos o más órdenes de gobierno regulen la misma actividad incluso con requerimientos encontrados. A esto hay que agregar que los encargados de generar los ordenamientos, en especial el Poder Legislativo, no lo hace de manera diligente ni evitan reformas o reglas para subsanar omisiones o errores. A la fecha no existe una evaluación permanente de la actividad legislativa y su impacto.
A pesar de estos números, México ha mostrado avances en la materia, y en 2015 fue reconocido por la OCDE como la nación que más ha avanzado en la implementación de la mejora regulatoria.
El país ha tenido avances significativos con el empleo de las tecnologías de la información (TIC), un ejemplo de ello es el tránsito hacia el uso del CFDI y de la ventanilla única en materia de comercio exterior, por citar los más conocidos.
Sin embargo, el uso de las TIC, al menos en nuestro país, no ha sido la panacea, las desventajas las encontramos en la rapidez con la que caducan los softwares, la protección y seguridad de la información, el desconocimiento de los usuarios de estas tecnologías y el acceso a las mismas.
Además en algunos casos se desvirtúan dichas herramientas, al nacer como una facilidad para las empresas y convertirse en un elemento de fiscalización.
Hay que agregar que en estudios realizados por el CIDE se destaca que aunque el sector empresarial apoya constantemente los esfuerzos de mejora regulatoria, también es promotor de regulación ineficiente. La sobrerregulación obedece también la ineficiencia empresarial, que dependiendo de la presión politiza la situación y esto da como resultado regulaciones ineficientes que limitan la competencia.
Con este panorama iniciamos la conversación con el licenciado Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México AC, quién comentó que el impacto de la sobrerregulación se ve de manera clara en el ambiente de negocios; estamos ante un proceso de pendular, en algunos casos se excede la regulación de una actividad y en otros falta: lo complejo es encontrar el equilibrio.
Pero por qué sobrerregulamos, en cierta manera es una reacción a la falta de control del Estado; se quiere resolver problemas, por ejemplo la corrupción, estableciendo normas. Aunado a que quienes las crean carecen de interés propio para elaborarlas de manera adecuada, no existe un objetivo real o preparación, un análisis profundo para legislar. La problemática no solo está en la creación de la norma, también se incrementa por el personal burocrático que complica su ejecución y que propicia la corrupción.
Este ambiente se ve más afectado por un factor fundamental, la participación de los ciudadanos en la búsqueda de mecanismos alternos para agilizar los trámites, optan por vías incorrectas que complican la aplicación de la ley. Necesitamos conocer más los mecanismos para realizar los trámites y ser la primera barrera para obstaculizar la corrupción.
Otro punto que propicia el exceso de normatividad es que ante la especificidad de ciertos temas se quiere puntualizar tanto que se generan más normas y se excede el control.
Esto afecta considerablemente a los emprendedores que ven una ruta de trámites imposible de cumplir para aperturar un negocio.
El Estado mexicano pretende crear un Sistema Nacional de Control Regulatorio adicional a la Cofemer, por ello busca reformar dos artículos constitucionales y establecer reglas para realizar normas de mayor calidad; es irónico, pero se pretende atacar la sobrerregulación con una regulación para dar certeza jurídica.
Una alternativa que tenemos cuando una actividad se está sobrerregulando es el litigio estratégico, lo que implica promover medios de defensa, entre ellos la vía de amparo para atacar su inconstitucionalidad; este recurso se constituye en un motor de cambio vía la jurisprudencia.
México necesita más empresas y que estas generen empleo y riqueza y con ello crear también paz social. Las pequeñas empresas son el motor de generación de empleo y son las que más sufren de este sobrerregulación, necesitamos liberarlas si queremos crecer.
En su intervención la C.P.C. y P.C.C.A.G. Rosa María Cruz Lebros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México AC, indicó que la sobrerregulación es una carrera de obstáculos en donde la sociedad busca encontrar la forma de brincar la ley y el Estado poner más barreras.
Las TIC han facilitado los trámites y la vida en general, pero no excluyen ni sustituyen el apoyo de los contadores, abogados y demás profesionistas, cuyas funciones son esenciales.
Si bien estas han facilitado los trámites, la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes esferas gubernamentales es un obstáculo, al existir diferentes programas y sistemas.
Los cambios constantes de versiones complican de manera importante el cumplimiento, principalmente a pequeñas y medianas empresas que no tienen la infraestructura para esas exigencias.
Lo que puede ser un beneficio se convierte en un impedimento para el cumplimiento, que sumado a la sobrerregulación complican la vida de la empresa. Es necesario que los colegios de profesionistas unidos se acerquen a las autoridades para buscar alternativas de soluciones más reales que beneficien a los negocios.
Las TIC en el uso de trámites son un reto para las empresas y los profesionistas que debemos estar constantemente actualizados. Y si bien su uso disminuye la corrupción, ya que se evita el contacto directo con el funcionario, son también un reto en lo referente a la protección de los datos, principalmente para quienes son los encargados de las tecnologías, incluso para los profesionistas, dado que deben conocer y tomar las medidas para el resguardo de la información.
Por su parte, en su intervención el Doctor Miguel Ángel Mesa Carrillo, Magistrado de la Sexta Sala Civil, ponencia dos, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, coincidió con los ponentes y agregó que la sobrerregulación se encuentra en los tres niveles de gobierno y afecta la relación entre el gobierno y los gobernados. Queremos acabar la sobrerregulación, sobrerregulando a los órganos que la combaten. Se han creado varios órganos a nivel federal, estatal y municipal para la mejora regulatoria, que en 17 años no han logrado grandes avances.
La sobrerregulación genera problemas al Poder Judicial, pero se ha intentado disminuir su impacto con las reformas a los sistemas procesales, por ejemplo con los procesos orales penales, civiles y mercantiles, que si bien tienen claroscuros son alternativas importantes y válidas, pero también han evidenciado que los ciudadanos tampoco están tan preparados para asimilar estos cambios. Asimismo se intenta que los litigios no terminen siempre con sentencias, ofreciendo alternativas como la conciliación, la mediación y amigable composición que se han instaurado para resolver asuntos de manera más rápida.
Los ciudadanos y abogados deben estar atentos, actualizarse y capacitarse para tomar estas alternativas para mejorar el entorno de negocios y evitar la judicialización y así disminuir las cargas de los tribunales.
De esta manera se terminó la mesa redonda en la que se concluyó que se necesita la participación ciudadana y de la iniciativa privada para combatir de manera real la sobrerregulación y con ello también la corrupción y la impunidad.
