Se publicó en el DOF de este 23 de marzo de 2018, el Acuerdo por el que se reducen los plazos de resolución y prevención para los trámites de pasaportes expedidos en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se enlistan, mismo que, como su nombre lo indica, dismunuye los tiempos máximos de resolución y prevención para los trámites de pasaportes expedidos en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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Destaca que los términos máximos de resolución y prevención de trámite serán de 45 y 10 días hábiles, respectivamente. A continuación se detallan las gestiones del acuerdo, pasaporte ordinario para:
- personas mayores de edad y su renovación
- menores de edad:
- adoptados bajo el régimen de adopción simple o semiplena y renovación
- con la presencia de ambos padres o quienes ejercen patria potestad y su renovación
- sin la presencia de uno o ambos padres, o quienes ejerzan la patria potestad y su renovación
- por fallecimiento de alguno de los padres o tutor, y
- en caso de suspensión o pérdida de la patria potestad por alguno de los padres o de quienes legalmente la ejercían y su renovación, y
- menores de edad o persona con discapacidad mayor de edad que no pueda manifestar su voluntad:
- con presencia del tutor y su renovación, o
- sin presencia del tutor y su renovación
El acuerdo entra en vigor el 24 de marzo de 2018; asimismo, los asuntos que estén en trámite a esta fecha, se atenderán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
La SRE contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para el trámite de pasaportes y del documento de identidad y viaje en territorio nacional, para garantizar la viabilidad y aplicación de estos cambios.
Lo anterior, deriva de la publicación en el DOF (5 de enero de 2015) de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, cuyo objetivo es promover la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos de instrumentación, a través de la reducción progresiva del costo de la aplicación de trámites del gobierno federal, en coordinación con las autoridades de la administración pública federal, las entidades federativas, municipios y órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales de la CDMX.
