En la discusión sobre la eliminación del fuero en nuestro país es importante valorar el posible incremento de procedimientos de juicios civiles, penales y políticos que podrían derivar en la obstaculización del ejercicio de funciones gubernamentales o parlamentarias necesarias, lo cual podría, además, imponer una carga operacional adicional al sistema de justicia, señaló un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.
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El órgano académico del Senado afirmó que la eliminación del fuero favorece el establecimiento de igualdad jurídica entre autoridades y ciudadanos, aunque, por otra parte esta medida también conlleva el riesgo de que el uso político de las instituciones de justicia merme la estabilidad del sistema democrático.
En el documento “Reflexiones sobre el proyecto de decreto de reforma Constitucional para la eliminación del fuero”, destacó que el Senado debe evaluar las distintas consecuencias de la decisión de eliminar el fuero, entre estas, el hecho de que las demandas civiles y penales ante el ministerio público podrían aumentar contra los hoy protegidos por el fuero federal, para obstruirlos en el ejercicio de sus funciones con fines políticos.
Más allá de aquellos casos que tengan sustento en evidencia concreta, el sistema judicial y los congresos tendrán que procesar una carga de trabajo importante que, en los hechos, puede dificultar el trabajo de gobierno, parlamentario y del sistema de justicia, detalla el estudio.
