Toda la información comercial o industrial que signifique obtener o mantener una ventaja frente a la competencia y que tenga el carácter de confidencial se considera un secreto industrial que aunque no tiene un registro oficial está protegida por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su título tercero.
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Parte de esta tutela implica que en los procedimientos las autoridades administrativas o judiciales adopten las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia, según el artículo 86 Bis 1 de la LPI.
Incluso puede prohibirse su difusión a las partes del procedimiento, pues el precepto 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la cataloga como “información confidencial” de la que solo pueden tener acceso sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
