Durante julio de 2020, Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, diputadas integrantes del grupo parlamentario de Morena, ingresaron una iniciativa para modificar el Código Civil de la Ciudad de México (CDMX), con motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que trae como consecuencia repercusión económicas y de vivienda en la CDMX.
La pretendida reforma, en su exposición de motivos manifiesta que el derecho a la vivienda adecuada podría ser una de las más vulneradas, aunque al mismo tiempo sea una de las más importantes hoy en día para atender las medidas de salubridad frente a la pandemia por la COVID-19, en especial lo referente al arrendamiento.
En el caso en concreto, la reforma modifica sustancialmente el modelo de arrendamiento en la CDMX, de la siguiente manera:
- se plantea que a través del arrendamiento se cumple con el objetivo social de coadyuvar al cumplimiento del derecho humano a la vivienda
- el arrendamiento no podrá ser menor a tres años
- se prohíbe a los arrendatarios solicitar una garantía inmobiliaria
- en caso de no contar con un contrato de arrendamiento, se prohíbe el desalojo hasta en tanto no se arregle esta formalidad
- en caso de terminación anticipada (recisión) el arrendatario no podrá quedarse con el depósito, y
- el depósito en garantía no podrá ser de más de un mes de renta
Impacto de las reformas
- La reforma pudiere ser inconstitucional, ya que mal entiende que es la obligación del Estado, y no así de los particulares, asegurar el derecho a la vivienda
- desequilibra las obligaciones y los derechos entre arrendador y arrendatario
- pudiere desincentivar el arrendamiento de casa-habitación en la CDMX, porque la falta de garantías complica la certidumbre del cumplimiento
- genera incertidumbre respecto a la solidez del derecho de propiedad en la CDMX
- es posible que se migre a otras jurisdicciones y/o centros de arbitraje en la solución de controversias para cubrir las deficiencias de la pretendida reforma
- pueden darse abusos por parte de los arrendatarios, que inhibiría el arrendamiento como una opción comercial viable, en el entendido que los dueños tendrán que afrontar las cargas fiscales, riesgo de extinción de dominio y falta de garantías en el pago de rentas, y
- pudiere desincentivar la compra de nuevos desarrollos inmobiliarios en la CDMX destinados a renta como modelo de negocio
